El desalojo en el Parque Nacional Los Alerces sigue en análisis judicial
Si bien el Juzgado Federal de Esquel ordenó el desalojo de una seccional, la medida fue apelada y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia aún no se expidió sobre el tema. El intendente del Parque aseguró que "mientras tanto no hemos tenido inconvenientes".
A comienzos del mes de agosto pasado, el Juzgado Federal de Esquel ordenó el desalojo de dos personas que ocupan una seccional del Parque Nacional Los Alerces desde enero de 2020. Esta medida fue apelada y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia aún no se expidió sobre el tema.
Cabe recordar que el Estado Nacional, a través de la Administración de Parques Nacionales (APN) había iniciado la demanda de desalojo de Cruz Cárdenas, Belén Salinas y demás ocupantes de las zonas conocidas como ex Población Felidor Salinas, Seccional El Maitenal, valle del Arroyo Cascada, sus valles tributarios y las nacientes del Arroyo Rañinto; en jurisdicción de la Reserva Nacional Los Alerces y del Parque Nacional Los Alerces (PNLA).
La administración del Parque Nacional, que preside Cristian Larsen, le dio empuje al expediente para concretar el desalojo y el organismo se constituyó como querellante en la causa. El funcionario, incluso, se reunió con el juez federal Guido Otranto para intentar darle celeridad al expediente.
Ante esto, los acusados apelaron la orden de desalojo, poniendo puntos suspensivos a su ejecución. A partir de esa situación, el expediente llegó a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que aún no se expidió sobre el tema.
Esta situación Días atrás, el propio gobernador Ignacio Torres se mostró preocupado por esta situación y manifestó su desacuerdo con el accionar del Juez Federal Guido Otranto respecto a las tierras ocupadas en el Parque Nacional Los Alerces.
En diálogo con Notas de Radio, por FM Sol, Danilo Hernández Otaño, intendente del Parque Nacional Los Alerces recordó que “la causa penal federal es un juicio que está en Comodoro Rivadavia”.
“Otra cosa es el paso administrativo que la administración tendría que haber dado desde el momento inicial en el que se produce la usurpación de tierras y que durante 4 años no se ejecutó”, afirmó.
“En el mes de junio pasado, en los términos de la Ley de Parques Nacionales, se procedió a realizar una intimación administrativa, se dio un plazo de 30 días para que las personas que estaban ocupando ilegalmente tierras en el Parque Nacional se retiren del lugar”, informó Hernández Otaño.
El intendente del Parque recordó que el desalojo no se concretó en ese plazo por lo cual la Administración de Parques Nacionales, a través de sus representantes legales, pidió a la Justicia Federal que ejecute el desalojo.
“Las personas que están ocupando el lugar presentaron un pedido de apelación que el Juzgado federal de Esquel elevó a Comodoro Rivadavia y estamos en la espera de saber cuál es la resolución de este particular”, expresó el guardaparques.
“Mientras tanto no hemos tenido inconvenientes”, agregó y remarcó que la resolución del desalojo está en stand by y “en manos de la justicia”.