La Ley Ómnibus que presentó el Gobierno Nacional propone un examen para todos los estudiantes al final de la secundaria, la difusión de los resultados de evaluaciones estandarizadas por escuela y una mayor evaluación de los docentes, entre otros cambios en el sistema educativo. También habilita el arancelamiento universitario para extranjeros que no tengan residencia permanente.

Si se aprueba el texto de la ley ómnibus tal como fue enviada al Congreso, al finalizar la secundaria los estudiantes deberán rendir un examen para acreditar su nivel de desempeño. Será una prueba censal, es decir para medir el nivel general, pero será un dato que la persona podrá incluir en su currículum vitae. No se habló hasta ahora si condicionará su ingreso a la universidad.

Además, se incorporarán mecanismos de evaluación y revalidación de conocimientos, tanto para alumnos como docentes, y los padres podrán acceder a los resultados de los métodos de evaluación colectiva, como las pruebas Aprender, para conocer el desempeño de sus hijos y de la escuela a la que los envían.

Qué pasa con las Universidades

Entre los artículos referidos al sistema universitario, el primero mantiene la gratuidad de los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal, pero solo para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”. En ese sentido, plantea que las universidades estatales podrán establecer aranceles “para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos”, como los extranjeros sin residencia, y contempla también la posibilidad de brindar becas.

La Ley Ómnibus mantiene el ingreso universitario “libre e irrestricto”, y habilita a las instituciones de educación superior a “implementar un examen que permita al estudiante ingresar directamente sin complementar el proceso de nivelación y orientación profesional y vocacional”. De esta manera, introduce la posibilidad de optar entre rendir un examen de ingreso directo o pasar por un proceso de nivelación y orientación; se mantiene la aclaración de que este mecanismo “en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador”.

Evaluación docente

La evaluación de los docentes se incorpora como una de las funciones del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD). El proyecto establece que será responsabilidad de este organismo la creación de un examen para quienes se incorporen a la docencia, con el objetivo de certificar “las capacidades y conocimientos adquiridos” por los egresados de las carreras de formación.

También se señala que “la evaluación periódica será una condición y un aliciente para poder desempeñarse como docente en el país”. El inciso siguiente especifica que la evaluación continua requerirá “revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada cinco años”. Los criterios para esa “evaluación y revalidación” será definidos por la Secretaría de Educación de la Nación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, según plantea otro artículo del proyecto.