El ministro Iturrioz confirmó que el femicida de Ana Calfín está en Chile
El titular de Seguridad y Justicia apuntó contra el juez que otorgó el arresto domiciliario y detalló cómo se reconstruyó la fuga. "Ahora el Estado paga los errores del Poder Judicial", señaló.
El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó este lunes que Miguel Alejandro Vargas Nehuen, condenado por el femicidio de Ana Calfín en Esquel, se encuentra prófugo en territorio chileno.
La información se desprende de una investigación que logró reconstruir con precisión los pasos que dio el acusado tras abandonar la ciudad.
“Está confirmado que se encuentra en Chile, y tenemos identificadas dos localidades pequeñas donde podría estar oculto”, dijo Iturrioz en declaraciones a AM 780. Según detalló, la investigación determinó con cámaras de seguridad y testimonios cómo salió de Esquel, en qué taxi, con quién y hasta qué punto del trayecto fue dejado por el vehículo.
A partir de estos datos, se desplegó un operativo internacional con colaboración de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile e Interpol, que ya emitió una alerta roja. El procedimiento avanza con trámites de exhorto judicial y posibles pedidos de allanamiento y extradición, en caso de localizar al prófugo.
Duras críticas al Poder Judicial
Sin embargo, más allá del despliegue de búsqueda, Iturrioz fue contundente al responsabilizar al Poder Judicial por haber otorgado la prisión domiciliaria, que facilitó la fuga del condenado. “Ya me quejé públicamente del dispendio de recursos que implica tener a la DPI de Esquel reforzada por personal de otras jurisdicciones. Lo que cuesta en términos presupuestarios y de personal es altísimo”, señaló.
El funcionario apuntó directamente al juez Novarino, quien resolvió que Vargas Nehuen esperara la audiencia de imposición de pena en su domicilio, pese a que el jurado popular lo declaró culpable por unanimidad. “Si el jurado dice que es culpable, es culpable. Es inapelable. Somos esclavos de la ley. Si no te gusta, estás haciendo un trabajo equivocado”, lanzó el ministro.
El Estado, a cargo de las consecuencias
“La policía actúa, investiga y se mueve rápido. Pero si desde el otro lado hay decisiones que no acompañan, se pone todo en riesgo. Y lo terminamos pagando todos”, lamentó Iturrioz. Y añadió: “¿Quién se hace cargo de todo esto ahora? Las consecuencias las paga la familia de la víctima, que siente que la Justicia no responde. Y también las paga el Estado”.
Mientras continúa la búsqueda internacional, desde el Ministerio reiteraron que el operativo se sostiene con recursos extraordinarios y esperan resultados en las próximas horas.