Novarino explicó la prisión domiciliaria de Vargas Nehuen: "La Fiscalía no dio elementos suficientes para la preventiva"
El juez señaló que la Fiscalía no fundamentó el pedido para convertir la prisión domiciliaria en preventiva. Si en diez días no se logra reanudar el proceso, podría incluso anularse el juicio.
El juez Jorge Novarino se refirió a la fuga de Miguel Alejandro Vargas Nehuen, condenado por el femicidio de Ana Calfín, quien escapó en la madrugada del martes mientras cumplía arresto domiciliario. La decisión judicial de mantener esa modalidad de detención generó indignación pública, ya que permitió al femicida huir.
El magistrado señaló que solo se puede expresar en relación a la actividad técnica, debido a que todavía es el magistrado de la causa y sigue pendiente la instancia de cesura de pena que se iba a celebrar en la jornada de ayer.
Aclaró que la decisión de no revocar la prisión domiciliaria se basó en que la Fiscalía no aportó los fundamentos necesarios para modificar la medida. El Ministerio Público Fiscal había solicitado convertir el arresto en prisión preventiva, pero la defensa se opuso, argumentando que durante el año y medio que Vargas Nehuen estuvo en el domicilio no había incumplido la medida.
“Entendí que le asistía razón a la defensa, porque la Fiscalía no brindó elementos procesales suficientes para revocar esa decisión de mantener la prisión domiciliaria y convertirla en preventiva en un centro de detención o alcaidía", sostuvo el juez.
También aclaró que las medidas coercitivas deben ser solicitadas y fundamentadas por las partes, y que el juez no puede actuar de oficio en ese tipo de casos. "No puedo interpretar lo que las partes quieren decir, ni puedo modificar una petición. Debo resolver lo que se me pide de manera fundada”, remarcó.
En esa línea, reiteró que “hubo fundamentación de la defensa señalando que la Fiscalía no lo había hecho, no era necesario una gran fundamentación, pero si señalar algunos aspectos que no puedo echarle mano yo”.
Actualmente, Vargas Nehuen sigue prófugo, y hay una orden de captura vigente. Si en diez días no se logra reanudar el proceso, podría incluso anularse el juicio, aunque el juez prefirió no anticipar escenarios.