El juez Bernardo Campana de Bariloche condenó al abogado Gerónimo Ricardo Gonzaga a 2 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer la profesión de abogado por el delito de abuso sexual simple en dos hechos contra una mujer que acudió a su estudio jurídico por una consulta.

El abogado es conocido en la zona de la cordillera de Chubut porque años atrás tuvo una condena en Chubut por intento de extorsión y fue inhabilitado a ejercer la abogacía por 5 años. Este antecedente fue contemplado por el juez Campana quien aplicó también la inhabilitación del ejercicio de la profesión aclarando que una vez cumplido los 5 años, conforme las disposiciones del artículo 20 ter del Código Penal, si cumple las pautas establecidas podrá requerir su rehabilitación y ejercer nuevamente la profesión.

El magistrado encabezó el juicio a fines de junio y fijó la pena el 27 de julio pasado por un caso ocurrido en 2018 en el interior del estudio jurídico del acusado en El Bolsón.

Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en el mes de octubre de 2018, en el interior del estudio jurídico de Gonzaga en El Bolsón, la víctima se encontraba embarazada de ocho meses y acudió por una consulta profesional.

Allí el acusado le realizó una pregunta impertinente de su vida sexual y se acercó al lugar donde la mujer estaba sentada “se paró a su lado, le apoyó su cuerpo en la zona de los genitales contra el de ella. Luego fue hasta la puerta y trabó la cerradura”. La mujer intentó retirarse y el abogado se sentó en la silla, “la tomó por la fuerza con sus manos de la panza y la sentó arriba de sus piernas”.

Gonzaga -según la acusación- produjo tocamientos e intentó introducir sus manos entre las prendas de vestir pero la víctima logró impedirlo. Luego el hombre se justificó diciendo que era una broma.

Una semana más tarde, cuando la mujer acudió nuevamente al estudio jurídico a retirar documentación, esta vez acompañada por su madre, nuevamente el abogado “ejerció violencia sexual sobre ella”.

El fiscal Govetto encuadró los hechos en el delito de abuso sexual simple y relató que la víctima no pudo procesar lo sucedido en su momento y que posteriormente contó lo sucedido a otro abogado a quien le consultó por su reclamo laboral. El letrado, Darío Barroero, advirtió que la mujer estaba pasando por un momento de angustia y al conocer lo ocurrido con su colega le sugirió que acuda al hospital donde tuvo un abordaje desde el área de Salud Mental donde finalmente pudo relatar los hechos.

La víctima de a poco pudo ir contando a su entorno personal lo ocurrido y radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer en octubre de 2020.

Gonzaga, el acusado, estuvo representado por el abogado defensor Hugo Cancino, que negó los hechos.

La tentativa de extorsión en Esquel

El hecho por el que se lo juzgó en Esquel hecho comenzó a ejecutarse días previos al 20 de marzo del 2013, en el interior de una comisaría de la región, cuando un detenido capturó imágenes que luego entregó a su abogado y que mostraban una situación personal entre dos policías.

Al letrado se lo investiga por utilizar ese material de modo extorsivo, intimidando a la víctima y haciéndole creer que usaría ese elemento para hacerle perder su trabajo si no le entregaba una considerable suma de dinero.

El letrado exigió a la oficial de policía filmada la suma de $25 mil (en el año 2013) para mantener su silencio y no divulgar públicamente el contenido del video que podría impactar negativamente en su carrera profesional.

El relato del hecho concluye diciendo que “luego de recuperada su libertad, el imputado, procedió a concertar entrevistas periodísticas en forma personal, facilitando a los distintos medios de comunicación masiva (orales y escritos) copia del video obtenido por el interno, concretando sus amenazas de difundir el mismo tanto en aquellos medios como en internet, concretando el perjuicio amenazado”.

Después de la primera conversación entre el imputado y la damnificada en la comisaría, existieron cuatro conversaciones más. Todo se encuentra registrado y formó parte de la prueba de la Fiscalía. En los “diálogos telefónicos posteriores, el abogado negoció el precio de su silencio, en la suma final de id="mce_marker"5.000, conforme las posibilidades económicas de la víctima, concretando un encuentro para demostrar la existencia del video y brindar los datos de su cuenta bancaria, para que –cuando la oficial consiguiera el dinero mediante un préstamo—se acreditara en la misma, y verificado, procedería a borrar de todos sus registros el mentado material fílmico”.

El abogado fue aprehendido con orden judicial durante un encuentro con la oficial de policía en una estación de servicio de Esquel. Después de la audiencia, el abogado volvió a amenazar a la víctima, luego daría publicidad del video, tal como se lo había anunciado en el marco de la extorsión.