Este jueves se conocerá el veredicto del juicio por la masacre de pingüinos en Punta Tombo

Este lunes se llevó a cabo la etapa final de alegatos en el juicio por la Masacre de Pingüinos en Punta Tombo. Dando inicio a este último tramo, la fiscal general Florencia Gómez declaró que “quedaron acreditadas la materialidad del hecho y la autoría por parte del imputado en cada uno de los hechos entre el 10 de agosto y el 4 de diciembre de 2021. La defensa técnica no ha logrado desvirtuar la prueba, ni traer prueba contra la aportada por el Ministerio Público Fiscal”.

El tribunal presidido por la Dra. María Laura Martini e integrada como vocales por la Dra. Eve Ponce y el Dr. Carlos Richeri comenzaron ayer a deliberar, tras escuchar los alegatos de clausura de las partes acusadoras y el abogado defensor de Ricardo Adolfo La Regina, único imputado en una causa por presunto daño ambiental y maltrato animal en un campo ubicado en proximidades de la reserva de pingüinos de Punta Tombo.

La fiscal de la causa ratificó la acusación contra Ricardo La Regina, único imputado por la muerte de 105 pingüinos y la destrucción de 175 nidos. Además, durante la jornada, se presentaron los alegatos finales del juicio de los querellantes Martín Castro, en representación del Estado provincial, y el abogado Eduardo Hualpa en representación de las fundaciones Patagonia Natural, National Geographic y la Asociación de Abogados Ambientalistas de la República Argentina.

En el comienzo de su presentación, Gómez justificó por qué el accionar del acusado trata de un delito: "Acá se destruyó, se hizo desaparecer el hábitat del Pingüino de Magallanes, se desmontó 2049 mts2 con toda la flora y fauna nativa. No era de su propiedad, acá nunca se debatió el derecho a la propiedad, la flora y la fauna no le pertenecen al imputado sino al Estado y la sociedad toda”.

Y continuó, “agravado porque se ha desmontado 2049 mt2 de zona de reserva de biósfera, con protección internacional por la fragilidad del sistema. Se destruyó vegetación nativa y se levantó 40 cm de la capa del suelo, hay zonas que son irrecuperables”.

Tras la presentación de los alegatos por parte de los querellantes, se informó que el veredicto será el próximo jueves a las 11 horas, donde se dará lectura a la resolución en cuanto a la responsabilidad o no del acusado en cuanto a los delitos que se le imputan. 

“HUBO ARRASTRE, COMPACTACIÓN Y DERRUMBE DE NIDOS”

La fiscal que llevó adelante la causa puso en debate durante el juicio la crueldad a los animales y sostuvo que "quedó acreditado por lo manifestado en especialistas en pingüinos que hubo arrastre, compactación y derrumbe de nidos. Quedó acreditado por imágenes satelitales que había pingüinos en el lugar. Fue entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre en plena zona de alta densidad de nidos en época reproductiva de Pingüinos de Magallanes”.

Asimismo, señaló que “se actuó con dolo directo porque el imputado conoce el ciclo reproductivo del pingüino, no desconocía el ciclo biológico, conoce cuándo llega el pingüino a su nido en septiembre. Tuvo un desprecio total sobre la biodiversidad porque había otras especies conviviendo con los pingüinos”.

Y en otro apartado, acusó al imputado de realizar “caminos, desmontes y tajamares” por un fin económico, antes que la protección ambiental. "Hubo siempre un plan económico del imputado, compró una retroexcavadora para abrir caminos y tajamares”, declaró.

¿QUÉ DIJERON LOS QUERELLANTES?

Al tomar la palabra, Martín Castro, en representación del Estado provincial, puso en valor algunas pruebas testimoniales que se escucharon en el debate, como por ejemplo, los dichos del denunciante Luis La Regina (tío del imputado y con un campo lindante al establecimiento donde se produjeron los daños), de algunos especialistas como por ejemplo Pablo Borboroglu “por sus altos conocimientos científicos” y del relevamiento con imágenes que efectuaron los fotógrafos Maximiliano Jonas y Daniel Feldman.

Además, valoró el relevamiento efectuado por Borboroglu respecto de la cantidad de nidos y ejemplares afectados. También destacó los testimonios de testigos que refirieron a la ausencia de autorización para ejecutar los dos caminos y a otros que dieron cuenta de las imágenes satelitales para probar las fechas de realización de los caminos. En este sentido, contrastó testimonios de especialistas con los dichos de dos testigos maquinistas que fueron aportados por el defensor Federico Ruffa.

"No tengo dudas de que el señor La Regina ha cometido un ecocidio y por ello la calificación legal escogida es la correcta”, indicó Castro para concluir en que “poco le preocupó al imputado la convivencia con los pingüinos”.

Castro concluyó que el imputado La Regina “a sabiendas de que no podía hacer lo que hizo, actuó de manera consciente afectando a la flora y la fauna, sin importarle el interés colectivo. Por eso tuvo una actitud dolosa”.

ENTIDADES AMBIENTALISTAS

Por su parte, Eduardo Hualpa, que representa a las entidades ambientales, reiteró los efectos del delito investigado  y el carácter público “de toda la sociedad, que significa el bien afectado, el medio ambiente”.

Hualpa destacó el aporte científico para probar el caso, como por ejemplo los aportes realizados por especialistas en imágenes satelitales y espaciales que brindaron su testimonio, especialmente el testimonio de Samuel Guilford. Para el querellante quedó demostrado la ejecución de un camino y alambrado electrificado que dividió en dos a la colonia, el estrés causado en los pingüinos por la tarea de esa máquina, además de efectos más graves como la muerte de animales y pichones.

Aseguró que el imputado tenía conocimiento de que al momento de hacer el camino y la colocación de los alambres, existía una actividad creciente de presencia de pingüinos en plena época del año de reproducción.

Para Hualpa, el daño causado se produjo en un momento de alta densidad de animales, quedando demostrada la crueldad de los medios utilizados. Concluyó pidiendo al Tribunal que se declare culpable a Ricardo La Regina, indicando que “el ambiente necesita protección porque se trata de un sistema que ya no resiste más agresión”.

LA DEFENSA

El Dr. Federico Ruffa intentó desarmar todas las teorías de la acusación y sostuvo en su alegato que “después de expuesta toda la prueba, podríamos encontrar un consenso en que los hechos que están en juego, serian o podrían estar descriptos como una familia de campo, cuyo hijo mayor y a cargo de la administración del campo, modificó un alambro para adaptarlo a una mensura, que no tiene ninguna observación”.

Ruffa cuestionó con crudeza la información brindada en la causa por dos investigadores, en especial por el biólogo García Borboroglu y que dijo que fue utilizado por la acusación para intentar imponer una teoría de “homicidio sin cadáver”, en relación a la presunción de centenares de pingüinos muertos en la colonia. “Lo que único que se prueba es que se hizo un alambrado en zona de mayor densidad, en una época donde no había pingüinos” sostuvo el abogado defensor.

Fuente: ADNSUR