“Rechazado con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones”, indicó el tablero del recinto de la Cámara alta a las 19.44 en la votación del mega DNU 70/23 de desregulación de la economía.

La votación se dio en la sesión de este jueves que habilitó la propia titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, en el marco de la interna que mantiene con el presidente Javier Milei, constituyéndose un duro golpe para el oficialismo y una gran victoria para un sector de la oposición. 

La decisión final se dará en Diputados, por lo que mientras tanto el DNU sigue vigente de acuerdo a lo que la Ley 26.122 establece que ambas cámaras deben rechazarlo para que quede anulado.

A la hora de la votación La Libertad Avanza, que tuvo la baja de Bartolomé Abdala por el fallecimiento de su esposa, contó con el respaldo del Pro y un puñado de radicales.

A los 33 integrantes de Unión por la Patria que, de ante mano rechazaban el texto, se sumaron los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco; 2 de Unidad Federal, Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola; 2 de los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano; el de la neuquina Lucila Crexell; y el de Mónica Silva, de Rio Negro. Las abstenciones fueron de Maximiliano Abad, Carlos Arce, Sonia Rojas y la cordobesa Alejandra Vigo.

El tratamiento del DNU fue el plato fuerte de la jornada que quedó para tratar en último lugar. En la previa, Villarruel, intentó sin éxito postergar por 15 días el tratamiento del decreto. 

En reunión de Labor Parlamentaria, la presidenta del Cuerpo no sólo encontró la negativa de Unión por la Patria sino de otros bloques de la oposición.

Se da por descontado que el rechazo del Senado no caerá nada bien en Casa Rosada y generará malestar dentro del bloque luego de la sesión habilitada por la vicepresidenta, ya que mientras se desarrollaba la reunión de Labor, la Oficina de Prensa del presidente lanzó un duro comunicado contra Villarruel, quien no disimuló su malestar ante los senadores presentes.

Durante febrero, Unión por la Patria había solicitado una sesión para tratar el DNU en tres ocasiones. A ninguna de ellas accedió la vice, más allá de lo que establecen los artículos 19 y 20 del reglamento. Más tarde, cerca del 1ro. de marzo, se sumó una solicitud de bloques federales, a los que se acopló un radical.

Desde el entorno de Villarruel consideran que, iniciado el período ordinario, la presidenta del Senado ya no tenía margen para no incluir el debate del decreto dentro del recinto, sobre todo también porque esa situación inconclusa le trabaría el resto de los temas.

Así las cosas, desde el Gobierno se aceleraron conversaciones con gobernadores para intentar evitar que algunos senadores bajen al recinto. 

En tanto, alarmados, dirigentes del oficialismo salieron a reclamar que el DNU todavía no cuenta con dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y que hay muchos decretos pendientes.

Sin embargo, la Ley 26.122 establece que, pasado el plazo de 10 días para que la comisión dictamine, ambas cámaras podrán tratar de oficio el decreto. A esta altura, no sólo desde Unión por la Patria insisten con que todos los tiempos están vencidos, sino otros sectores también.

El mega DNU

El Poder Legislativo tiene como atribución el análisis de los decretos del Poder Ejecutivo y, particularmente sobre los DNU, evaluar si cumple con los requisitos de “necesidad y urgencia”, al tiempo de determinar su validez o invalidez en torno a la constitucionalidad o no del mismo. Es decir, no se aprueba o rechaza por las medidas allí contenidas, sino por las formas. Algo que es lo más cuestionado del 70/23, el cual no tiene antecedentes por su magnitud y a través del cual se derogaron más de 30 leyes y se modificaron unas 300.

El mega de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos.

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente un juez federal la dejó sin efecto.

Fuente: Parlamentario.com