El juez de garantías Fabio Monti envió a juicio oral y público la causa por la que se investiga la entrega de unas 500 bolsas de alimentos para mascotas que la empresa Royal Canin había donado para la situación de emergencia climática que en abril del año 2017 afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia y por la cual se encuentran cuatro personas imputadas, entre ellas la Ministro de la Familia de la Provincia en ese momento.

Se trata de Leticia Huichaqueo, Marcelo Suárez, Juan Carlos Gómez y Micaela Cordero. Los tres primeros ocupaban cargos en el Estado provincial mientras que Cordero dirigía el sindicato de amas de casa de la ciudad de Rawson.

El juicio podría iniciarse entre febrero y marzo del año próximo y además de los testigos del Ministerio Público Fiscal representado por el fiscal general Héctor Iturrioz, se ofrecieron un testigo más por la defensa de Suárez y cuatro testigos por la defensa de Huichaqueo y Gómez.

Para Huichaqueo el fiscal Iturrioz anticipó una pena provisoria de 5 años de prisión más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Para Gómez, la pena de 4 años y medio. Ambos por el delito de peculado reiterado en carácter de coautores, además de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Para Suarez, la imputación de falsedad ideológica en carácter de partícipe necesario, agravado por ser funcionario público con una pena provisoria de 3 años y medio de prisión más el doble de ese tiempo de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Finalmente para Cordero la pena que le podría caber es la pena de dos años y medio de prisión por el delito de falsedad ideológica en carácter de partícipe necesario.

Se trata del desvío y la venta de 461 bolsas del alimento para mascotas donado por la conocida firma para la emergencia en Comodoro Rivadavia. "Cuando hicimos las inspecciones oculares en los depósitos de Rawson a Playa Unión, no encontramos ninguna bolsa", dijo el fiscal Iturrioz.

Para Iturrioz las responsabilidades principales están en cabeza de Gómez y Huichaqueo, mientras las responsabilidades de Suárez y Cordero son secundarias en cuanto a la valoración de la energía criminal plasmada en los hechos.