El Gobierno va directo a la Corte para discutir el fallo del Juzgado Federal de Chubut
El planteo se realizará a través de un "per saltum" para evitar instancias intermedias y lograr una respuesta de fondo
El Gobierno de Javier Milei pidió el «salto de instancia» o «per saltum» a la Corte Suprema para que «decida sobre el fondo de la cuestión» en el caso Chubut
El “Per saltum” implica que un expediente judicial se saltee las instancias intermedias para llegar directamente al máximo tribunal, aunque mientras se resuelve la causa sigue su trámite habitual en los tribunales inferiores.
Es un recurso de “marcada excepcionalidad” y sólo es pertinente “en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional” y en las que el recurso sea necesario para “evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
La definición llega tras el fallo del Juez Federal de Rawson, Hugo Sastre que le da la razón al planteo chubutense sobre la retención de fondos coparticipables.
En tal sentido, el fallo en cuestión ordena el cese inmediato de las retenciones que venía realizando el Gobierno Nacional, hasta tanto se concrete la refinanciación de la deuda, y durante el período comprendido por el ejercicio financiero en curso. Además, exhorta a las partes a que arbitren medios conducentes a la cancelación o refinanciación de dicha deuda, en condiciones razonables que no impliquen ningún tipo de compromiso de servicios esenciales del estado provincial.
Sobre este último punto, el juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, señaló en su dictamen que "las retenciones realizadas por Nación ponen en riesgo los servicios esenciales de la Provincia, haciendo que la misma se pueda ver impedida de cumplir con sus funciones públicas primordiales: tales como la salud, la seguridad o la debida enseñanza, entre otras."
Asimismo, a través de su fallo la Justicia Federal puso de manifiesto que hoy en día estos servicios esenciales se están viendo ya en peligro, dada la grave crisis económica actual y la insuficiencia de recursos por parte de la provincia del Chubut para poder atender los reembolsos exigidos, en condiciones abusivas y arbitrarias, desde el Gobierno Nacional.