Por Alfredo Pérez Galimberti

Profesor Asociado Derecho Procesal Penal

La sentencia que condena a Pablo Pugh por falsificación de documentos respecto de los libros de Registro de la Facultad de ciencias Jurídicas sede Trelew significa una bisagra en la historia de la Facultad que no debe ser ocultada ni olvidada.

Al contrario, el caso debe ser estudiado  y discutido en las materias de Derecho Penal y Procesal y en las Prácticas Profesionales, en talleres de ética y de género.

Quienes respaldamos a las empleadas honestas y pedimos la intervención de la Facultad fuimos tildados con todas las descalificaciones posibles.

El Centro de Estudiantes muy firmemente y en general la comunidad de la Facultad siguió apoyando a la misma gestión de Ferrari, que ganó de manera apabullante las siguientes elecciones cuando nos presentamos, en una lista opositora, para reivindicar los procedimientos correctos. Miente, miente, miente, que algo quedará. Bien, por esta vez se impuso la verdad.

La mentira, en esta Facultad, tuvo las patas largas. Es hora de cortárselas y llamar a la corrupción por su nombre.

La sentencia del TOF también manda a la Fiscalía copias del caso para que el ex Decano Ferrari sea investigado por el acoso y maltrato a las empleadas Margusino y Villarroel. Esto es altamente significativo. Estas valientes empleadas que denunciaron la falsificación fueron tratadas de mentirosas, amenazadas por el Decano Ferrari, por el Rector Ayape y por otros funcionarios de la Universidad.

Nuestra reacción, con Fernando Gélvez, fue ampliar la denuncia hecha contra Pugh hacia Ferrari y Ayape. Sin embargo en el Juzgado Federal tanto Ferrari como Ayape fueron desvinculados del caso y –al menos Ferrari- sobreseído. Ayape falleció recientemente. Ahora el TOF nos da la razón, y expresa que le cuesta comprender cómo Ferrari no fue llevado a juicio. Claramente su conducta fue la de encubridor, y omitió poner en conocimiento de las autoridades judiciales un delito. “Debo consultar a mi grupo político”, dijo a las empleadas ante la exhibición de la prueba de las falsedades.

Sólo cuando los docentes nos enteramos de este descalabro y lo denunciamos en la justicia este proceso se pudo poner en marcha. De lo contrario lo hubieran sepultado, y Pugh continuaría siendo docente y tal vez Decano. Lejos de apartarse, luego de este escándalo Ferrari siguió al frente de la Facultad con su “grupo político”, concediendo prebendas y premiando la subordinación, tomando concursos docentes y presidiendo el Consejo Directivo.

De ninguna manera debe darse vuelta la página. Este hecho, esta sentencia debe estar siempre presente. La Facultad sigue cobijando a marrulleros y serviles, a ignorantes y necios. Nunca hizo un mea culpa por Pugh, por el abogado Romero Bruno convicto por robo con armas y prófugo, y luego por tentativa de homicidio en circunstancias propias de un sicario, con vínculos con la droga. Condenado y en condiciones de ser ejecutada la sentencia por este último delito no se puede dar con él para que cumpla la pena. Este sujeto fue cobijado por la Facultad, tomó concursos docentes, ocupó cátedras y fue aplaudido por los alumnos liego de reinvindicarse como un rebelde frente a la justicia.

Por las empleadas maltratadas, por los alumnos sometidos a ser enseñados y evaluados por docentes indignos, por los profesores o aspirantes a serlo apartados por una camándula, por la dignidad de la educación pública, esta sentencia debe ser texto de lectura obligatoria en esta Facultad.