La docente acusada de abuso sexual tendrá prisión domiciliaria
La modificación de la medida que venía cumpliendo fue para el cuidado de una hija de corta edad, según dispuso la jueza de la causa. Se ordenó el uso de una tobillera
La jueza penal Ivana González dispuso sustituir la medida de coerción que venía cumpliendo a una docente acusada de abuso sexual. La mujer se encontraba en el Centro de Detención y ahora cumplirá arresto domiciliario con tobillera electrónica para que pueda asistir a su hija.
La defensa de la docente solicitó una revisión de la medida de coerción dispuesta para que pueda asistir a su hija por razones de salud. El MPF, representado por la Fiscal General Silvia Pereira y la Asesoría de Menores acompañaron el pedido de la defensa.
Revisión
Durante la jornada de hoy, martes 16 de julio se llevó a cabo, en la sala de audiencias del sexto piso del edificio de tribunales de Trelew, una audiencia de revisión de la prisión preventiva en el marco de una causa en la que está imputada una docente por episodios violentos y situaciones concretas de abusos sexuales en al menos dos casos.
El abogado particular de la docente imputada, Facundo Bonavitta solicitó una nueva audiencia a fin de exponer la situación de salud de una hija de la docente detenida. Fundamentó lo solicitado informando a la magistrada que la niña de once meses de edad atraviesa un cuadro de infección respiratoria y necesita el cuidado de su madre.
Los hechos
De acuerdo con lo expuesto por le MPF, oportunamente, la causa se inició a partir de las denuncias realizadas por al menos tres madres de alumnos que concurren a la Escuela Primaria Nº201 “Atilio O. Viglione” de esta ciudad, quienes dieron cuenta de episodios violentos y situaciones concretas de abusos sexuales en al menos dos casos.
Decisión de la jueza
Tras escuchar a las partes, la magistrada dispuso el arresto domiciliario con la colocación del dispositivo electrónico por el plazo ya establecido, en función de las razones expuestas por la defensa de la imputada. Además, se impuso la prohibición absoluta de contacto con cualquier persona que esté ligada al proceso.