La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió anular el fallo que condenó a los sindicalistas Omar Goye, Walter Cortés, Ovidio Zúñiga, Víctor Carcar, y al abogado Gonzalo Madrazo.

El fallo, que lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, estipula que el proceso judicial no respetó la garantía del "plazo razonable". Además los jueces descalificaron la sentencia del Tribunal de Roca por "arbitraria" y carente de fundamentación.

El recurso presentado por los abogados de Cortés y Carcar cuestionó los más de 15 años que llevó el proceso judicial y hasta recordaron que se duplicó el plazo previsto por ley. Recordaron que los sindicalistas fueron condenados por una "presunta" estafa a la administración pública cometida en 1999, que la investigación se inició en 2002, la citación a indagatoria en 2003, las requisitorias para la elevación a juicio en 2006 y la citación a juicio en 2008.

También indicaron que "a días de operar la prescripción de la acción penal", el 7 de abril de 2014, se dictó la sentencia condenatoria que terminó por ser confirmada en febrero de 2016.

El fallo resuelve que la causa tiene que volver a la Cámara Nacional de Casación Penal para que resuelva la apelación de acuerdo al criterio de la Corte Suprema.

Fuentes con acceso a la causa indicaron al diario  "Río Negro" que los abogados de los sindicalistas estarían hoy soliciando la urgente excarcelación de sus clientes, y garantizar su liberación de inmediato.

Esta decisión quedará en manos del Tribunal Oral Federal de General Roca, el mismo que juzgó a los sindicalistas y los condenó.

Las tres figuras de Bariloche, Goye, Cortés y Zúñiga están condenados por el delito de estafa al Estado nacional por el desvío de 2 millones de dólares del expoliclínico sindical Arbos.

El caso de Cárcar fue distinto. El extitular de la Uocra permaneció prófugo, se pidió su captura internacional, hasta julio de este año cuando fue capturado en el barrio Bouquet Roldán de Neuquén.

El exabogado del policlínico, Gonzalo Madrazo, en cambio logró en abril su libertad condicional tras aceptar el año pasado una pena de tres años de prisión, que finalmente se otorgó en forma domiciliaria, luego de un juicio abreviado por reconocer su participación en el hecho denunciado.

Los cuatro dirigentes fueron condenados por la el Tribunal Oral Federal de Roca a cuatro años de prisión efectiva en abril de 2014.

Los magistrados entendieron que los referentes del PJ en Bariloche cometieron fraude a la administración pública al desviar unos 2 millones de dólares que tenían como destino el ahora desaparecido Policlínico de Bariloche.

Lo hicieron a través de distintas empresas fantasmas que varios de ellos tenían a su nombre. También fueron inhabilitados por cuatro años para ejercer cargos públicos y deberán pagar -cuando la sentencia esté firme- 45.000 pesos en concepto de daño al Fisco.

Fuente Rio Negro