El juez de garantías Sergio Piñeda dio el visto bueno para ampliar la investigación y sumar nuevos empresarios imputados en la causa "Revelación" que investiga supuestos negociados entre altos funcionarios provinciales durante la última gestión del extinto gobernador Mario Das Neves, y empresarios de la construcción de Esquel, Comodoro Rivadavia y el Valle.

A los imputados Alejandro Pagani, Pablo Oca, Martín Bortagaray y Diego Correa, se suman los empresarios Pablo Menedin, Fernando Cordon, Martín Castillo, Osvaldo Bergareche, Carlos Di Benedetto y Juan Carlos Bosi que no se hizo presente en la audiencia por demoras en ser notificado de la misma por parte de los operadores judiciales de Comodoro Rivadavia.

El Ministerio Público Fiscal representado en la audiencia por el fiscal general Marcos Nápoli y por el funcionario de fiscalía Gustavo Nuñez, dio a conocer las imputaciones en las que se encuentran involucrados los seis empresarios contra los cuales ahora se les abrió la investigación.

En todos los casos se trata de obras públicas como la ejecución de barrios de viviendas, ampliación y refacción de escuelas, centros comunitarios, ampliación de muelles, entro otras obras públicas que contrataban el Instituto Provincial de la Vivienda o el Ministerio de Infraestructura. Las maniobras que ahora se comenzarán a investigar están relacionadas con el atraso en el pago a las empresas por la ejecución de obras y las "dádivas" o "retornos" que los empresarios debían pagar para poder cobrar lo que se les adeudaba.

En el caso del empresario de Esquel, Osvlaldo Bergareche, escuchó por video conferencia la imputación del Fiscal Napoli desde Esquel asistido por su defensor Juan Goya.

El fiscal relato que a sabiendas de que Correa era quien decidía sobre los pagos, el titular  de Esquel Construcciones le ofreió ofreció a una suma abultada de dinero, que sería de $264,600  en efectivo en junio de 2017. Luego hubo otros dos pagos de $24,680 en agosto y $255.700 en octubre.  Esto según la hipótesis de los investigadores  fue informado por Correa al entonces ministro Martín Bortagaray y a Pagani, y luego Oca habilitó los pagos.

El objetivo de Bergareche era cobrar su trabajo en obras de viviendas en la comarca y en la ampliación de la escuela 57 y otra de Cerro Radal.

La calificación es de cohecho activo en tres hechos como autor.

En total el Estado por la ejecución de obras llegó a adeudar unos 194 millones de pesos y los empresarios debieron pagar en retorno más de 2.600.000 pesos en dinero en efectivo a cargo de lo cual estaba Diego Correa. Según la descripción, una vez pagado el dinero, desde la Unidad Gobernador se ordenaba al Ministerio de Economía a cargo de Oca a que se liberen los pagos de las deudas por las obras ejecutadas o en ejecución.

Diego Correa está imputado de "cohecho pasivo" en carácter de autor, y el resto de los funcionarios de "cohecho activo" como partícipes primarios en perjuicio de la administración pública provincial. El plazo de la investigación vence el próximo 22 de marzo.