La Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCh) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se expresaron de manera conjunta en conferencia de prensa en rechazo al procesamiento de 24 personas por los destrozos en Casa de Gobierno durante las marchas en contra de la zonificación minera. Los hechos tuvieron lugar el 16 de diciembre de 2021. 

En este sentido, el secretario general de la regional Oeste de ATECh, Martín Pena, manifestó el "acompañamiento a trabajadores, trabajadoras, compañeros y compañeras que están siendo procesados" y el rechazo "a la criminalización de la protesta". En este sentido, recordó la reciente condena a Santiago Goodman, ex titular del gremio, como uno de los hechos que los mantiene en alerta. 

"Nos unimos en este repudio y manifestando el acompañamiento a los trabajadores y las trabajadoras", agregó Pena. "En todos los ámbitos donde haya algún compañero o compañera perseguido, acusado o judicializado por luchar vamos a estar en unidad acompañándolo", prosiguió.

En este marco, sostuvo que "de las fuerzas represivas no hay ningún acusado de nada, ni una investigación sobre eso".

Por su parte, Nilda Bulzomi, representante de APDH, afirmó "había 15 policías denunciados y ninguna de esas causas fue investigada". "Los únicos acusados son los vecinos que participaron de las movilización. Es la gente que salió a defender el agua y el territorio de todos los chubutenses", planteó.

Omayra Rocha, de la UACCh, apuntó que "rechazamos todo el programa político de ajuste y de profundización de un modelo extractivo que beneficia a unos pocos en detrimento de la vida humana y la vida natural de Chubut".

Repudio a los procesamientos por los destrozos en Casa de Gobierno

Asimismo, la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses publicó un documento en rechazo a los 24 procesamientos:

"Desde la UACCh acompañamos a lxs vecinxs judicializados y rechazamos rotundamente este nuevo capítulo de criminalización de la protesta.

La enorme rebelión popular de diciembre fue el resultado directo de la votación de la ZONIFICACION MINERA orquestada por el gobierno provincial, nacional y los distintos bloques de la legislatura. La votación, llena de irregularidades garantizada por Arcioni - Sastre y distintos bloques, fue seguida de una brutal represión que incluyó la detención ilegal de compañeras, balaceras, golpes, entraderas en casas de barrio y demás. También algunos municipios rápidamente avalaron este ataque como en Puerto Madryn que por orden de G. Sastre adhirió inmediatamente o Comodoro con Luque, cuya adhesión fue impedida por la movilización. Nada de esto fue investigado por el sistema judicial ni repudiado por los principales funcionarios gubernamentales provinciales ni nacionales. Fue un intento de imponer el saqueo del agua y el territorio en función de los intereses megamineros y el FMI y estaban dispuestos a aplastarnos para lograrlo.

Esto ocurrió meses después de que se vapulearan en menos de una hora en la legislatura la segunda Iniciativa Popular y luego desalojaran con un megaoperativo represivo, en plena madrugada y con corte de luz mediante, la ruta 3.

La respuesta popular fue tan contundente con movilizaciones masivas, cortes de ruta y progresivamente una paralización de la provincia incluyendo los puertos, que logró frenar progresivamente la represión y luego derrotar la zonificación minera. Es exclusivamente responsabilidad de los gobiernos la rebelión popular desatada, intensificada por la represión sistemática. Las fuerzas policiales y sus responsables politicos aun se mantienen impunes, incluso luego de casos de tanta gravedad como el asesinato de Tino John.

La intervención de la justicia en este proceso, como en la reciente y escandalosa condena a S. Goodman, busca generar las condiciones para seguir ajustando y poder nuevamente insistir con la megamineria, como anunciara Massa recientemente y como vienen haciendo en todo el país, independientemente de la maniobra de PAS que dejó en presunto suspenso el proyecto Navidad, mecanismo ya utilizado otras veces para luego volver a la carga. La represión y criminalización de la protesta es una herramienta de la que se valen los gobiernos que promueven el ajuste, saqueo y el extractivismo para intentar someter a la población que resiste. Es lo que acaba de suceder con lxs vecinos de las sierras de Córdoba. También la represión de lxs docentes, allanamientos y prisión de referentes de movimientos sociales, detención y represión en la comunidades originarias, entre otros hechos.

¡No a la criminalización de la protesta social! ¡Castigo a los culpables de la represión!

Defender el Agua y el territorio no es Delito!"