Organizaciones de Derechos Humanos rechazan el desalojo y llaman a un boicot contra la gestión de Parques
Comunidades originarias y de derechos humanos rechazan la medida judicial que habilita el desalojo. Denuncian políticas ‘coloniales’ y llaman a no pagar entradas en parques nacionales como respuesta al conflicto territorial.
Diferentes organizaciones de derechos humanos, junto a integrantes de comunidades originarias, brindaron una conferencia de prensa para manifestar su rechazo al desalojo de la seccional de guardaparques El Maitenal, ubicada en el Parque Nacional Los Alerces.
La medida, prevista por la Justicia Federal para el jueves 9 de enero, busca desalojar el predio ocupado desde 2020 por integrantes de la comunidad mapuche Pailako.
El conflicto comenzó en diciembre de 2020, cuando Cruz Ernesto Cárdenas y María Belén Salinas tomaron la seccional, en un acto reivindicado por integrantes de comunidades mapuches.
Desde entonces, se desató una disputa judicial que culminó en un fallo del Juzgado Federal de Esquel, en agosto de 2024, ordenando el desalojo.
Esta decisión fue ratificada en octubre por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y habilitada recientemente tras la revocación de una suspensión dictada en noviembre.
De acuerdo con el fallo judicial, la ocupación no está amparada por normativas específicas, y el predio debe ser restituido a Parques Nacionales para garantizar su conservación.
El mensaje de la Liga Argentina por los derechos humanos
La Dra. Mariela Llanquinao realizó un mensaje a la sociedad señalando que “ningún funcionario tiene el derecho absoluto sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía” expresó.
Derechos humanos y llamado al diálogo
Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) se sumaron a las críticas, calificando el accionar estatal como “racista y colonial”. Afirmaron que la situación refleja un enfrentamiento entre “el rostro inquisidor del Estado” y “el derecho a la identidad de las comunidades”.
En este marco, las organizaciones reiteraron su pedido de diálogo, asegurando que “el Estado frenó esta instancia, pero todavía es posible reabrirla”. Destacaron que una solución dialogada podría evitar la escalada del conflicto y garantizar los derechos de las comunidades originarias.
Por su parte, Ángel Quilaqueo, de la comunidad Nahuelpan, expresó su preocupación sobre el impacto de estas medidas en las comunidades mapuche, señalando que “hoy es Pailako, mañana no sé a quién le tocará”.
Críticas y boicot
Durante la conferencia, Moira Millán, quien representa al Comité por la libertad de presos y presas políticas mapuches, calificó el desalojo como parte de una “narrativa de políticas criminales” y acusó al Estado de “administrar un modelo económico de saqueo” similar al implementado durante el proceso militar.
Además, señaló falencias en la gestión de Parques Nacionales, incluyendo problemas de infraestructura y seguridad, como “incendios por cortocircuitos, accidentes con turistas y persecución política de trabajadores”.
En este contexto, Millán anunció un boicot a la gestión de Parques Nacionales en todo el país, exhortando a no pagar las entradas de acceso a los parques.
El objetivo, según afirmó, es “la restitución de los territorios a las comunidades indígenas”.