El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia presentó una denuncia penal contra el Ministro y otros dos funcionarios del área de Servicios Públicos de la Provincia del Chubut. Los presuntos delitos son los de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión de pago con fondos expeditos.

El eje de la denuncia penal es la retención indebida de fondos correspondientes al régimen de compensación tarifaria y que -según el gremio- habiendo estado disponibles, no han sido abonados a las cooperativas beneficiarias de acuerdo a lo previsto por la ley.

La denuncia fue presentada ayer ante el Ministerio Público Fiscal y lleva las firmas de Héctor Rubén González y Juan Domingo Espinoza, Secretario General y Secretario General Adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia, respectivamente, bajo el patrocinio del abogado Federico Ruffa.

Los otros dos funcionarios denunciados son el subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Korn y el director general de Servicios Públicos, Jorge Feller. "Ello sin perjuicio de lo que se determine luego de realizadas las correspondientes diligencias probatorias y se establezca con precisión suficiente quién o quiénes han sido el o los funcionarios públicos responsables, y cuál es el alcance de esa responsabilidad", dice la denuncia.

El sistema de compensación de tarifas mediante el cual los usuarios residenciales de toda la provincia abonan un 8% de su factura de energía eléctrica, genera una recaudación que luego es utilizada para solventar el déficit económico que posee el servicio público de distribución de energía en las cooperativas beneficiarias de ese régimen.

En el año 2013, Chubut y las cooperativas que brindan el servicio de distribución de energía en varias ciudades, firmaron un convenio mediante el cual se pactó la compensación de lo que esas cooperativas debían integrar en concepto del sistema creado por la Ley I N° 26 (que retienen a cada usuario) con las sumas que la Provincia del Chubut debía pagar en concepto de los servicios que recibe de esas cooperativas.

"Es decir, desde la firma de ese convenio, la Provincia descuenta mes a mes de las facturas que debe pagar a esas cooperativas, lo que debería recibir de ellas por el 8% del Fondo de Compensación Tarifaria, y debería integrarlo en la cuenta especial en la que se acumulan esos fondos para que luego sean utilizados para la compensación de los déficits de las cooperativas beneficiarias del sistema", explica la denuncia.

Según el gremio, "surge de distintas versiones y de documentación obrante en expedientes administrativos que distintos funcionarios provinciales han incumplido la obligación de realizar el depósito de los fondos correspondientes al régimen de compensación tarifaria y que incluso estando estos, al menos parcialmente, expeditos para ser utilizados con el fin previsto legalmente, no han sido abonados a las cooperativas beneficiarias de acuerdo a lo previsto por la ley y la reglamentación", señala la denuncia penal.

González y Espinoza le piden al Ministerio Público Fiscal que requiera en forma urgente una "orden de allanamiento y secuestro de los expedientes administrativos N° 4.163/2017 MIPySP y 4.452/2017 MIPySP en los que tramitaron los pedidos de partida para realizar los pagos correspondientes del Fondo Compensador Tarifario de los meses de noviembre y diciembre de 2017, así como de cualquier otro elemento que pueda hallarse en la sede del Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos con asiento en 25 de Mayo 550 de la ciudad de Rawson relacionado con estos hechos."

También sugieren que llamen a declarar como testigos a Osvaldo Schanz, gerente de la FE.CH.COOP (Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos Ltda.), a los efectos de que explique la forma de funcionamiento del sistema de compensación de tarifa; y también a Juan Carlos Michi, jefe de la División Comercialización de la Dirección General de Servicios Públicos, a los efectos de que explique especialmente cómo se determinan los déficits a cubrir, de qué modo se ejecutaban los pagos y cuál fue el comportamiento histórico de la Administración en este régimen.

Además, pide que sean convocados los presidentes de las cooperativas beneficiarias del sistema de compensación, además de los titulares de las cooperativas de Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel, para que expliquen los alcances, objetivos y forma de ejecución de los convenios firmados con la Provincia en los cuales se pactaron las compensaciones.

Fuente: Diario Jornada