Casi tres meses después del fallido tratamiento en particular de la Ley de Bases, el oficialismo logró reencauzar este jueves 25 el debate del proyecto emblema de La Libertad Avanza y alcanzó un despacho del plenario de comisiones con 61 firmas, sobre un total de 115 legisladores que integran Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda (en los casos en los que están repetidos su voto es doble). 

Se trató de una discusión de menos de cuatro horas, un período insólito para un proyecto que contiene 232 artìculos totales, aunque esta circunstancia se explica a través de las frenéticas negociaciones previas que permitieron que el texto llegara "casi" listo al debate formal. Es que según fueron detallando diputados y asesores que participaron este jueves del plenario de comisiones, el proyecto fue modificado practicamente en tiempo real con numerosas versiones que se iban sucediendo al ritmo de los intercambios. 

Además del dictamen de mayoría, hubo otros de minoría de Unión por la Patria, uno en conjunto entre los socialistas de HCF y Margarita Stolbizer (del mismo bloque), uno del Frente de Izquierda y otro de la Coalición Cívica. 

La expectativa del oficialismo es convocar a una sesión especial para el próximo lunes para poder dar paso a la votación en general y en particular del proyecto, con la intención de tenerlo aprobado antes del 1 de mayo, feriado nacional. Con la media sanción ya concretada, se apunta a un trámite ágil en el Senado, donde más allá del apuro se deben respetar los siete días reglamentarios entre la firma del dictamen y la convocatoria a la sesión, aunque esto no impediría llegar en tiempo y forma con la aprobación para el 25 de mayo, fecha prevista para la firma del pacto con los gobernadores. 

Si bien el oficialismo pudo cumplir con el objetivo del dictamen, debió realizar varias concesiones. La más importante fue la eliminación del Banco Nación y otras empresas que dependen de su estructura, de la lista de compañías estatales sujetas a posible privatización. De acuerdo al dictamen al que accedió PERFIL, en el artículo 7 se indica que serán nueve las empresas a privatizar: cuatro de manera total, entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo, mientras que las otras cinco pueden ser privatizadas o concesionadas, y son AYSA, Correo Oficial de la República Argentina, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales. 

En el artículo 8, en tanto, se considera "sujeta a privatización" a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), mientras que en el artículo siguiente se incorpora en el mismo status a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Cabe recordarse que la versión original que presentó el Gobierno nacional de la Ley de Bases, tenía 41 empresas en el listado, que ahora queda reducido solo a 11. 

Otro de los puntos de discordia durante la negociación fue la incorporación de un artículo para eliminar el piso mínimo de impuestos al tabaco y el incremento de 70% a 73% de la alícuota, lo que finalmente fue eliminado del texto. Según comentaron fuentes que participaron de la negociación, se esperaba que el oficialismo aceptara incorporar el tema en el recinto pero por el momento quedó vetada la posibilidad. Es que el lobby de varias empresas del sector y la voluntad del Gobierno de no seguir sumando nuevos enemigos, llevó a dejar afuera un tema que tal vez sea considerado a futuro. 

Precisamente, esa actitud es que la que también dejó afuera de la reforma laboral la posibilidad de quitar las cuotas sindicales compulsivas, otro punto que podía generar conflicto con los gremios y la CGT. 

"Con el objetivo de fortalecer la libertad sindical hemos propuesto eliminar y prohibir las contribuciones y aportes emanados de los convenios colectivos de trabajo", planteó la UCR, cuyos diputados votaron 14 en disidencia y otros dos (Fernando Carbajal y Pablo Juliano) directamente no firmaron ningún dictamen. 

Desde el bloque de HCF, que comanda Miguel Pichetto, una de las principales disidencias tenía que ver con el capítulo ligado a cambios en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y la consolidación de cajas no transferidas. No obstante, el dictamen lo firmaron Nicolás Massot, Juan Brugge, Ignacio García Aresca y Oscar Agost Carreño. 

También le pidieron al Gobierno que mande a la Comisión de Presupuesto y Hacienda un proyecto de ahorro de dos puntos del PBI en un plazo de 30 días.

Fuente: Perfil