El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una medida cautelar para suspender el "pago extra" que el Gobierno le exige a los usuarios a través de una resolución que habilita a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra en las tarifas con el objetivo de "compensar las pérdidas que sufrieron por la devaluación". En el mismo escrito además denunció penalmente al secretario de Energía, Javier Iguacel.

Si la medida se cumple los usuarios de gas deberían abonar 10.000 millones de pesos en 24 cuotas a partir de enero de 2019.

Por otro lado, en su denuncia el titular del Ministerio Público Fiscal evaluó que Marijuan es "prima facie" autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, según prevé artículo 248 del Código Penal.  El fiscal considera que si bien se justifica en la variación del tipo de cambio, la resolución provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores porque alcanza períodos que ya fueron abonados por los usuarios.

La medida ya generó la reacción de la oposición y de asociaciones de consumidores, que ya plantearon diversos reclamos judiciales para revertir la disposición. En el caso de Chubut, el defensor del Pueblo, Héctor Simionatti, adelantó que mantendrá una reunión con Vanina Ferretti, directora de Defensa del Consumidor, donde se analizarán estrategias para anticiparse a los anuncios. Ante el pago retroactivo por un diferencial de contrato entre empresas que deberá abonarse a valor dólar, Simionatti consideró que "es cuestionable y vamos a analizar qué es lo que podemos hacer desde la Defensoría y desde el gobierno".

"La reunión la programamos antes de la resolución del gobierno, porque estábamos viendo de realizar acciones en conjunto vinculadas a los cortes y tener en claro algunos temas que hacen a la tarifa del gas. En el medio salió esta resolución que implica un pago a partir de enero del año que viene en 24 cuotas. Es un diferencial del valor en dólar al momento en que las empresas distribuidoras hicieron el contrato con las productoras del servicio", indicó.

A su vez, planteó que "como hoy el sistema está vinculado al sistema colectivo, las acciones en representación de un número determinado de usuarios, se van a tramitar todas en Buenos Aires. Esto es por una reglamentación de la Corte que exige que todas estas tramitaciones sean resueltas en un solo juzgado".

"Por lo tanto, si bien interpusimos en el juzgado federal, esa causa irá a Buenos Aires y lamentablemente perdemos la inmediatez y la posibilidad de conseguir una medida cautelar", explicó.

Por tal motivo, sostuvo que "veremos con la otra medida que tenemos para analizar. Se va a aplicar a partir de enero. Es una medida que debería revertirse".

Consultado sobre la posibilidad de interponer un amparo, aclaró que "no es lo que estamos previendo, pero si resulta necesario, lo haremos" y agregó que "el último tema donde planteamos la inconstitucionalidad, también se planteó en el fondo del asunto que no hubo audiencia y se fijó un precio en dólares excesivo. Creo que si no existe una reconsideración de parte del Ejecutivo, el único camino que queda es judicial y las acciones van a quedar como un embudo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".