La jueza federal Silvina Domínguez, que subroga el juzgado federal de Bariloche, se declaró competente y dispuso que la fiscalía federal de esa ciudad dirija la investigación de los ataques incendiarios perpetrados la noche del 3 de octubre pasado en un predio de Vialidad provincial, ubicado en Bariloche, y en la Oficina de Turismo de El Bolsón. Así lo informó el sábado por la tarde Gobierno de Río Negro en un comunicado.

Además, destacaron que la jueza federal admitió el pedido de la Fiscalía de Estado de la provincia para que se constituya en querellante en la causa, lo que le permitirá proponer y pedir medidas para avanzar con la investigación que dirigirá la fiscal federal de Bariloche Sylvia Little. El desafío es esclarecer los hechos e identificar a los autores.

En el comunicado recordaron que la denuncia presentada por el fiscal de Estado (y exsecretario de Seguridad y Justicia) Gastón Pérez Estevan y el adjunto de ese organismo Luciano Minetti Kern fue por "expresas instrucciones de la gobernadora, Arabela Carreras, y en representación del Estado provincial".

Los denunciantes relataron que el ataque en el predio de Vialidad, que está situado en el camino viejo al cerro Catedral, ocurrió la noche del 3 de octubre pasado. Tres personas encapuchadas entraron a la casa que está en ese predio y sorprendieron a los ocupantes. Uno de ellos estaba armado, según señalan en la denuncia.

Trasladaron a la pareja hasta un dormitorio situado en la parte trasera de la vivienda donde los maniataron, les quitaron las llaves y los celulares. Les informaron que "eran de la comunidad" y que "el problema no era con ellos". Cortaron la luz y dejaron una nota dirigida a la gobernadora, a la fiscal jefa Betiana Cendón, al fiscal de El Bolsón Francisco Arrien y al juez de garantías de Bariloche Ricardo Calcagno. Los encapuchados incendiaron la casa, dos máquinas viales, y un depósito de sal y arena.

Los denunciantes relataron que cerca de la medianoche de ese 3 de octubre "autores anónimos incendiaron las oficinas de Turismo de la Provincia en El Bolsón". "Conforme da cuenta la prevención policial que intervino, al examinar el lugar se encontró un bidón de plástico presumiblemente con combustible", recordaron en el comunicado.

En la denuncia, advirtieron que existe una organización que busca "promover una lucha insurreccional contra el Estado argentino y su Constitución nacional por considerarlo ilegítimo, procurando imponer mediante la violencia y el terror sus opiniones y apartándose del acuerdo constitucional que vincula a la sociedad en su conjunto".

Para la fiscal federal Little, los hechos denunciados constituyen el delito que reprime el artículo 213 bis del Código Penal que sanciona con prisión de 3 a 8 años al que organice o tome parte "en agrupaciones permanentes o transitorias que tengan por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación".

En el comunicado difundido este sábado, el Gobierno rionegrino "sostuvo enfáticamente su vocación de respeto a la diversidad cultural y el pleno reconocimiento de los derechos de las comunidades de pueblos originarios, en un todo de acuerdo con lo normado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derecho de Humanos".

"El Estado Provincial dialoga institucionalmente con todas las comunidades en el marco del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, el respeto a su identidad y a la propiedad comunitaria de las tierras", aseguró.

"Los hechos que se denunciaron implican, no sólo un ataque a la institucionalidad de la Nación y la Provincia, sino que además ponen en riesgo la convivencia social y la paz de todos los y las vecinas", sostuvieron en el comunicado.