El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna presentó un proyecto en el Congreso para garantizar la propiedad privada en el ámbito rural, de manera de regularizar los derechos afectados producto de la actual legislación, que ya lleva 15 años con prórrogas, y ponerle fin así a las usurpaciones que se observan, sobre todo, en la Patagonia.

El proyecto presentado por Menna modifica la Ley 26.610, referida al relevamiento territorial de comunidades indígenas, y recoge una preocupación manifestada por las distintas Sociedades Rurales de Chubut con las cuales el legislador conversó en las últimas semanas.

La Ley 26.610 fue aprobada en el año 2006, por un plazo de 4 años, y luego prorrogada en 2009, 2013 y 2017.

Su objetivo inicial era declarar "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país". Ante ello suspendió la ejecución de sentencias y los actos procesales y administrativos que persiguieran el desalojo o desocupación de las tierras.

Con las sucesivas prórrogas, dijo Menna, "totalizará en poco tiempo más un período de 16 años de una situación de total incertidumbre, que no se ha resuelto".

"En ese contexto de incertidumbre se suceden hechos violentos donde pequeños grupos de personas se apoderan de tierras públicas y privadas en nombre de su pertenencia a comunidades originarias, sin observar las leyes que nos regulan a todos", manifestó Menna. "Esas tomas se realizan por la fuerza, avasallando derechos de terceros ante un Estado Nacional impávido", agregó.

"No dudan en tomar tierras en parques nacionales, reservas, hacer fuego dentro de esas áreas protegidas y poner en peligro la vida y los bienes públicos y privados. Está documentada la violencia que ejercen sobre los guardaparques, y también sobre ciudadanos que, con un título de propiedad válido y otorgado en el marco de la legislación vigente, resisten el acoso físico y moral de encapuchados que amedrentan y destruyen", repasó.

El legislador dejó en claro que "estos lamentables hechos no involucran a la mayor parte de las comunidades del país, que legítimamente y en paz ejercen sus derechos conforme a la ley, actuando de modo racional y con apego a las normas y los canales institucionales que nos rigen a todos".

"La violencia -enfatizó- proviene de un puñado de personas, de las cuales tampoco se conoce con certeza su origen o pertenencia a pueblos indígenas argentinos".

La modificación propuesta implica reconocer el derecho de las provincias, municipios, la Administración de Parques Nacionales y los propietarios de participar en el relevamiento de situación catastral de las tierras que realiza el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, del cual hasta ahora han sido excluidos.

Y establece que la suspensión de desalojos debe aplicarse en relación con la situación de ocupación existente al momento de la sanción de la norma, ya que "validar todo el período posterior de ocupaciones sobrevinientes a 2006 debido a la inacción estatal sea nacional o provincial, es una situación que no puede sostenerse", consideró.

Esta limitación temporal propuesta, explicó Menna, "no afectará a las comunidades originarias reconocidas, que ocuparon tradicionalmente los territorios y que están desde 2006 junto al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas avanzando en los relevamientos o incluso en un paso posterior, titulando las tierras".

"Una cosa es la prórroga en beneficio de aquellos que ya poseían u ocupaban cuando la ley cristalizó y reconoció esa situación precaria, y una muy distinta es admitir que las ocupaciones post reconocimiento tendrán el mismo beneficio", indicó en este sentido.

"Aceptar esto -continuó- implicaría casi una incitación a ocupar tierras, ya que la emergencia prorrogada de manera eterna será la protección perfecta para evitar la aplicación de leyes que sí rigen para el resto del pueblo argentino".