El diputado de Cambiemos Eduardo Conde uno de los legisladores que llevó adelante esta derogación  explicó que "esos decretos permitían la transferencia del bosque nativo a favor de los terceros que adquirían el suelo", Desde su perspectiva esto se convirtió en un gran negocio inmobiliario.

El presidente del Bloque Cambiemos,  señaló en el recinto que desde su perspectiva "los dos episodios más nefastos de la gestión de Das Neves son la prórroga de PAE y el `curro verde`. El Decreto N°712 vino a suplir la previsión normativa del Artículo 105 de la Constitución Provincial que establece que una ley general con una calificación de 4/5 de sus miembros, debía encargarse de tratar lo referido a los bosques nativos chubutenses. ¿Qué hizo el Gobierno de turno? Resolvió este tema con un Decreto, es decir, violando la norma constitucional que expresamente le impide al Ejecutivo llevar adelante tareas legislativas", indicó.

Sostuvo al respecto que "la decisión política-comercial era transferir esos suelos". No obstante, "el Gobernador tiene el reparo de dar cuenta que la transferencia del dominio a favor de las personas que resultaron adjudicatarias de las tierras debía hacerse con una restricción del uso del suelo vinculado con el bosque nativo pero parece que el negocio así no funcionaba".

Es allí donde al año siguiente, en el 2005, se impulsa un segundo Decreto "que viene a pulverizar las restricciones del Decreto anterior. Lisa y llanamente se dispone la transferencia sin reparo del suelo con bosque nativo a favor de quien ostente circunstancialmente la ocupación del suelo y pueda resultar adjudicatario".

A partir de allí, se llevaron adelante "grandes negocios inmobiliarios en violación y contravención al ordenamiento legal constitucional, a la legislación vigente, a la Constitución Nacional, a las normas nacionales de protección del medio ambiente, es decir, se pisoteó, se escupió la Constitución, se la llevó por delante, se la aplastó, se hizo de todo a cambio de estos espurios negocios".

Recalcó que la nulidad absoluta e insalvable de los Decretos tiene una envergadura mayor. "Acá se caen todos los negocios porque no hay modo de legitimar, aun respecto del tercero de buena fe, porque está la posibilidad de que aquel adjudicatario de buena fe, haya transferido el dominio de un tercero de buena fe, pero aquí hay una situación insalvable, que es la inconstitucionalidad de origen. De modo que no hay modo de salvar este vicio".

La mirada ahora está puesta en el Ejecutivo y la posibilidad de veto. La pregunta que surge son los derechos adquiridos por las personas que compraron las tierras en el marco de la norma vigente hasta ahora, inclusive terceros de buena fe. Los reclamos seguramente no se harán esperar.