De acuerdo a la acusación ya elevada por la fiscalía habría elementos suficientes para llevar la causa a juicio aunque los imputados siguen sosteniendo el pedido para llegar a un acuerdo anterior.

El  joven víctima de la situación se llama Roberto Sartaja y es hijo único de una docente jubilada que fue asesinada en el año 2009 en Gaiman. A raíz de la muerte violenta de su madre,  quedó de un día para otro desvalido y sin personas cercanas que lo aconsejen y orienten ya que era su madre la única que se encargaba del control de los bienes, del cobro de alquileres, del pago de las deudas y el manejo de fondos depositados en entidades bancarias.

A mediados de 2011, el damnificado conoció a Diego Sebastián Armocida, quien junto a su familia se fueron acercando manifestándole que lo apoyarían con su ayuda. El citado tenía en ese momento una panchería que funcionaba en la plaza central de Gaiman. El joven heredero se encontraba totalmente solo y así, Armocida se fue ganando su afecto y confianza.

Antes de fin de año le manifiesta que lo desalojaban de la chacra donde vivía en ese momento y termina yéndose a una propiedad de la víctima donde se instala y se maneja como dueño del sitio a partir de la posesión.

Rápidamente Armocida empieza a interesarse por los bienes sucesorios, mantiene interés por ver las escrituras y contratos de alquiler que celosamente guardaba la madre en la chacra donde vivían accediendo el imputado a esos documentos. De esta forma, empieza a presionarlo para ver a su letrado y  le hace otorgar un poder judicial en la escribanía de Ojeda Ton, a favor del abogado Daniel González.

Ya instalado en la chacra donde vive, de un día para otro Armocida se hace de todas las escrituras, documentos y contratos de alquileres que la madre de Artaja  antes de fallecer, guardaba en su domicilio En diciembre de 2011 la víctima comienza a firmar varios documentos inducido por el imputado sin tener pleno conocimiento de las consecuencias legales de los mismos, comprendiendo recién ahora cuál fue la implicancia.

La acusación de los fiscales tiene varios hechos, pero aparece destacado el caso en que  se imputa a Diego Armocida, el abogado Daniel González y el escribano Agustín Ojeda Ton donde,  de acuerdo con la hipótesis de los fiscales, con un plan común consistente en hacer firmar al damnificado documentos con efecto jurídico dañino a su patrimonio, el día 18 de junio de 2012, Armocida y el abogado González lo llevaron a la ciudad de Rawson, con la excusa de firmar una documentación de importancia para su patrimonio y en la escribanía de Agustín Ojeda Ton le hicieron firmar varios instrumentos, ignorando completamente la víctima lo que estaba rubricando, pero convencido que resultaría beneficioso para su patrimonio.

Así, a través de la firma simultánea de varias escrituras, todas el mismo día ya señalado, la víctima ante el escribano público y sin recibir suma alguna de dinero, vendió e hipotecó casi todas sus propiedades

Ofrecimiento de solución alternativa

En la audiencia de impugnación los defensores hicieron saber que existieron reuniones donde se habría llegado a un acuerdo para una solución alternativa, admitiendo que se ofrecieron algunas propiedades para ser restituídas al joven, y así dejar sin efecto el proceso penal, sin perjuicio de una causa civil. Pidieron ir a una instancia de mediación.

Sin embargo, tanto el fiscal como la querella manifestaron que si bien se llevaron adelante reuniones buscando arribar a algún acuerdo, en ningún momento existió el compromiso para aceptar una oferta de tal naturaleza.

La fiscalía expuso un peritaje determinando que el perjuicio al año 2017 era de casi 28 millones de pesos, lo que al día de hoy aumenta considerablemente.

En tanto, la asesoría de familia informó que fue convocada en su momento por el Juez para contener y asesorar al joven y no estaba al tanto de ningún ofrecimiento al respecto, por lo que adhería a la oposición fiscal y de la querella.