El Juez Federal Guido Otranto sobreseyó a los dueños del kiosco ubicado en el centro que fue allanado en julio pasado "para secuestrar elementos destinados al consumo de estupefacientes" según constaba en la orden emitida por el mismo juez.

Los comerciantes eran investigados "por difusión de uso de estupefacientes e impartir instrucciones acerca del uso de estupefacientes", según detalló el abogado defensor Gabriel Sanchez. Las penas por esos delitos son entre dos y ocho años de prisión.

Sin embargo el abogado aclaró que los fiscales de la causa pueden apelar la decisión del Juez para lo que tienen tres días antes de que la decisión quede firme. "Los argumentos de Otranto son sólidos por lo que esperamos que eso no suceda y poder recuperar la mercadería secuestrada", dijo Sánchez.

En julio de este año, en pleno centro y en horario pico se realizó un importante operativo en el que se les secuestró gran cantidad de mercadería que ronda en un valor de los 200 mil pesos.

Las razones que esgrime el magistrado fueron las siguientes: 

- No se les secuestró ni semillas ni plantas, ni precursores químicos: "La tierra negra o las macetas podían llegar a entenderse como tales pero el Juez fue razonable y lo descartó", explicó Sanchez.

- Los productos con iconografía como pipas o indumentaria con gráfica de "chalas" son elementos legalmente adquiridos: "No se puede prohibir una conducta sobre elementos que son comercializados bajo ley", dice el abogado.

- El juez consideró que los elementos secuestrados están destinados al sembrado y cuidado de plantas y no a la producción de estupefacientes.

- No se impartió instrucciones públicas para el consumo de estupefacientes. El juez consideró que no había destinatario concreto de la folletería secuestrada, sino que cada persona sabía de antemano lo que contenía y por eso decidía adquirirla.

- La folletería era de carácter informativo y no de exaltación del uso de estupefacientes.