El fiscal general Omar Rodriguez calificó como "abiertamente dilatoria" la actitud de la defensora de cinco de los imputados en la causa de los sobreprecios en obras para el Ministerio de Educación del Chubut que pidió más tiempo de plazo en el proceso penal porque no puede abrir en su computadora una pericia informática.

Se trata de la ex jueza comodorense y ahora defensora particular Gladys Olavarría que defiende a Daniel Schmidt, Félix Currumil, Roxana Pereira y Jorge Santucho. Todos junto a la ex ministra de Educación Graciela Cigudosa, se encuentran imputados en esa causa cuya investigación estaría en su etapa final, previa a la audiencia preliminar al juicio oral y público.

Olavarría presentó un escrito ante el juez de garantías Fabio Monti en el que afirmó que "no podía abrir el secuestro número 30". Se trata de una de las pericias informáticas que realizaron los investigadores del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General. Sostuvo que "no tendría problemas en que los peritos del MPF, nos facilitaran el material pero como se encuentran en aislamiento por un caso de COVID 19 es que los mismos no se presentaran a trabajar durante el transcurso de quince días, por lo que solicitamos la suspensión del plazo del art. 294 hasta tanto la fiscalía pueda cumplir con lo informado y poner a disposición de esta parte la pericia del secuestro Nro. 30".

Fiscal presentó la acusación contra Cigudosa por fraude al Estado

Explicación del perito

Según el fiscal general Rodríguez "el día 2 de noviembre concurrimos al área donde funciona el laboratorio informático. Ese día, a las 10 horas arribaron los defensores Andrés Meiztner (defensor de Cigudosa), Miguel Moyano y la doctora Gladys Olavarria. Allí nos encontramos con Guillermo Figueredo quien fue el responsable de extraer los datos de los soportes digitales en su momento".

Agregó Rodríguez en su relato de oposición a que se prorroguen nuevamente los plazos de la audiencia preliminar, que "el informático (por Figueredo), en presencia de las partes mencionadas, les abrió el secuestro número 30. Les explicó la manera de ejecutar el programa para que vieran cómo funcionaba, que estaba todo bien, le volvió a efectuar una copia para asegurar que no tengan inconvenientes en el contenido extraído, etc. A su vez les advirtió que ese secuestro contiene mucha información, es muy pesado, y que si no tienen una máquina con buena capacidad de memoria el programa no se abrirá a través de la herramienta UFED. Sin perjuicio de ello, se le explicó a la defensora Olavarria que existe otra forma de abrir el secuestro, por medio del PDF, el cual permite acceder al contenido".

"Inaudito"

Rodríguez concluyó en que "resulta inaudito que bajo el paraguas de que su máquina no tiene memoria suficiente para abrir el secuestro solicita se suspendan los plazos. Por lo expuesto solicitó al Juez Fabio Monti, "en primer lugar, que rechace el planteo, toda vez, que es abiertamente dilatorio, y no existe ningún tipo de agravio atendible, en función que la defensora cuenta con toda la evidencia que pretende introducir la fiscalía en la audiencia preliminar al momento de discutir sobre su pertinencia y relevancia. En caso de ser necesario, se convoque a una audiencia con la parte agraviada, personal informático, en presencia de V.S. a fin de que pueda en persona, el Sr. Juez, verificar lo que estoy afirmando, con el objeto de poder superar este entuerto, reanudar los plazos y llevar a cabo la audiencia preliminar".

El fiscal general Rodríguez presentó la acusación en julio de este año, y hasta la fecha no se ha llevado a cabo la audiencia preliminar a fin de debatir sobre la admisibilidad de la prueba, la calificación legal, como así también resolver cuestiones planteadas por las defensas respecto a los pedidos de sobreseimientos solicitados.

Los hechos y las imputaciones

Entre los imputados se encuentra la ex ministra de educación Graciela Cigudosa, además de otros dos funcionarios de ese Ministerio: Raúl Care y Gustavo Huichián. Por el lado de las empresas que participaron en las maniobras que se investigan están imputados Daniel Schmidt, Daniel Gel, Félix Currumil, Roxana Pereira y Jorge Santucho.

La maniobra consistió en un aparente trámite de concursos de precios, en donde aparecían pujando distintos proveedores los cuales concretaban ofertas para que en definitiva el estado eligiera a la empresa que iba a ejecutar la obra en función del mejor precio. Pero detrás de este velo de aparente legalidad, se escondía la verdadera intención de los nombrados que era quedarse con las obras simulando una falsa competencia, toda vez, que los nombrados tenían estrechas relaciones entre ellos.

El objeto del trámite fue el mantenimiento y reparación a realizar en 24 escuelas de Rawson y Playa Unión. A su vez, de la falsa competencia, se encargaron de incrementar los montos generando un sobreprecio para hacer más rentable el negocio.

Hay que recordar que el Estado les efectuó un anticipo del 50 % del monto total, inmediatamente comenzados los trabajos. Los investigadores destacaron además que las tareas a realizar no se condecían con las reales necesidades de los establecimientos. Las maniobras se habrían pergeñado en el mes de enero pasado y la maniobra significó un perjuicio al Estado de 1.465.615 $, de pesos.

Cigudosa, Hueichián y Care fueron imputados del delito de defraudación por administración infiel, en calidad de autores y el resto de los imputados -las personas relacionadas con las empresas- como partícipes necesarios de ese delito.

A Schmidt se le sumó además el delito de violación de pruebas, registros y documentos. Este aspecto está relacionado con los intentar ocultar documentación que lo incriminaba durante el allanamiento a su empresa constructora, cuando arrojó al desaguadero del baño, escritos que antes había destruido parcialmente.