La fiscal María Bottini y la funcionaria Cecilia Bagnatto, solicitaron la continuidad de la prisión preventiva de los cuatro imputados por el violento robo ocurrido el lunes 29 de junio en una vivienda de Trevelin. Cada imputado participó representado por un defensor particular.

Tres de los letrados requirieron la libertad, en tanto que el cuarto pidió la sustitución de la medida por un arresto domiciliario. El juez Ricardo Rolón entendió que hay elementos suficientes para dictar la continuidad del encierro preventivo por peligro de fuga y de entorpecimiento procesal.

Los defensores pidieron que se fije audiencia de revisión

El lunes 29 de junio, aproximadamente a las 21:10 hs, uno de los imputados llamó a la puerta del domicilio del denunciante, su vecino. Al abrir, dos sujetos habrían sorprendido al anfitrión, uno lo habría golpeado con un caño de hierro en la cabeza, al menos tres veces.

Inmediatamente, el vecino habría arrojado una estocada al pecho de la víctima con un cuchillo. Hicieron subir al denunciante a la planta alta, lo arrojaron al piso y uno de ellos volvió a pegarle en la cabeza con el mismo hierro, mientras el otro intentaba apuñalarlo sin éxito por la resistencia que ofreció el denunciante.

Ataron con cinta las manos de dos mujeres que había en la vivienda. El denunciante se levantó y arrojó contra la pared a uno de los atacantes, otro se acercó por atrás, lo sujetó con un brazo presionándole el cuello mientras con la otra mano le efectuó golpes de puño en la cara a la altura del pómulo derecho. Forcejeando cayeron por las escaleras. Una de las mujeres se acercó a la escalera, situación que fue aprovechada por otro de los imputados para empujarla y hacerla caer hasta la planta baja.

El relato del denunciante continúa indicando que ya en la planta baja se incorporó e intentó abrir la puerta para pedir ayuda, pero antes, su atacante le gritó a un cómplice que estaba afuera, que no le permita que salgan. La fuerza de la víctima logró vencer la sujeción del picaporte del coimputado, abrió la puerta y pidió ayuda a los vecinos.

El imputado que permaneció en la planta alta revolvió el domicilio en busca de objetos de valor, se apoderó de tres teléfonos, una notebook y dinero en efectivo.

La Fiscalía informó al juez el avance de la investigación y los obstáculos que frenaron el ritmo de la misma. Una de las medidas de prueba que aun no se pudo realizar es la rueda de reconocimiento, debido a los protocolos vigentes para la prevención del COVID-19. El pedido fue formulado a la Oficina Judicial y está en estudio por el comité conformado para la preparación y habilitación de las dependencias judiciales, de acuerdo a las normativas específicas.

Las evidencias colectadas hasta el momento, fortalecen la hipótesis de la Fiscalía, incriminando a los imputados. Con esos elementos, su comportamiento en el hecho y el fundado temor de las víctimas, entre otras consideraciones, la Fiscalía requirió la continuidad de la prisión preventiva por otros 30 días, señalando que es indispensable que se sostenga, al menos hasta la realización de la rueda de reconocimiento.

Los defensores Graciela y Adriana Conesa, Daniel Sandoval y Juan Zapata, se opusieron al pedido con distintos argumentos, coincidiendo en el pedido de libertad para sus representados. En tanto que Lisandro González solicitó la sustitución de la medida por un arresto domiciliario de su defendido en un domicilio de Esquel.

El juez Ricardo Rolón, entendió que si bien la libertad durante el proceso es la regla, en este caso no encuentra otro modo de cautelar el proceso y asegurar la investigación. El magistrado analizó los argumentos vertidos por las partes y concluyó disponiendo la prisión preventiva por 30 días.

A pedido de las defensas, el jueves se realizará una audiencia de revisión de la resolución por otros dos jueces.