Sextorsión: investigan a una organización criminal con víctimas en Esquel y otras ciudades del país
La organización delictiva operaba desde las cárceles de Chubut con víctimas en distintas provincias y ciudades. El caso más grave identificado hasta el momento es el de una persona que transfirió casi 6 millones de pesos a los delincuentes.
La Justicia de Chubut avanza en una investigación sobre una organización delictiva dedicada a la sextorsión y estafas virtuales que afectó a víctimas en Esquel y otras localidades del país. La causa involucra a ocho detenidos en distintas cárceles de la provincia y 20 familiares o allegados, quienes habrían participado en la maniobra.
El epicentro del ilícito fue el Instituto Penitenciario Provincial, ubicado entre Trelew y Puerto Madryn, desde donde los detenidos organizaban extorsiones a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.
La jueza de garantías Eve Ponce habilitó la apertura de la investigación penal, en la que se estableció que al menos nueve personas fueron extorsionadas, entre ellas un adolescente de Rawson y un vecino de Esquel. También se investigan dos estafas con la venta de bienes inexistentes, como una casilla rodante y una bicicleta.
Víctimas en Esquel y otras provincias
El accionar delictivo tuvo un impacto directo en la comunidad esquelense, ya que una de las víctimas es de la ciudad. A nivel nacional, hubo damnificados en:
- Chubut: Esquel, Comodoro Rivadavia y Rawson.
- Córdoba: Ciudad de Córdoba y Colonia Tirolesa.
- Formosa: Dos víctimas en la provincia.
- Buenos Aires: Bahía Blanca.
- Río Negro: Conesa.
El caso más grave identificado hasta el momento es el de una persona en Comodoro Rivadavia, quien fue extorsionada durante 14 meses y transfirió 5.832.000 pesos a los delincuentes.
Cómo operaba la organización criminal
La maniobra criminal comenzaba con la creación de perfiles falsos en redes sociales como Facebook y WhatsApp. A través de estas cuentas ficticias, los estafadores se hacían pasar por jóvenes mujeres que entablaban conversación con sus víctimas, todas ellas hombres. La estrategia era seducirlos con mensajes sugestivos y fotografías comprometedoras, logrando así que los incautos enviaran contenido íntimo.
Una vez que conseguían ese material, la extorsión se ponía en marcha. En algunos casos, los delincuentes simulaban una emergencia médica: afirmaban que la supuesta joven había sido descubierta por sus padres y, en medio de una discusión, había sufrido un accidente grave. Con esta excusa, exigían dinero para cubrir los gastos médicos. En otras situaciones, el chantaje se basaba en la amenaza de exponer públicamente las imágenes privadas, presionando a las víctimas con la posibilidad de que su contenido íntimo fuera difundido en redes sociales.
La extorsión alcanzaba un nivel aún más sofisticado cuando los estafadores recurrían a la simulación de procedimientos judiciales. Para ello, falsificaban documentos con sellos y membretes oficiales de fiscalías y tribunales, incluso enviaban notificaciones apócrifas con supuestas citaciones o advertencias legales. A través de llamadas y audios, se hacían pasar por operadores judiciales, asegurando que la víctima enfrentaba una causa penal y que, para evitar consecuencias, debía realizar nuevas transferencias de dinero.
Para concretar los cobros, los delincuentes utilizaban una red de cuentas bancarias y billeteras virtuales, donde participaban familiares y allegados de los detenidos, quienes facilitaban el movimiento del dinero sin levantar sospechas. Así, la organización criminal operaba con un mecanismo aceitado que les permitía prolongar la extorsión durante meses, sacando provecho del miedo y la desesperación de sus víctimas.
Una investigación compleja con múltiples implicados
El fiscal Fernando Rivarola advirtió que el caso presenta un alto nivel de complejidad, debido a la cantidad de información digital que debe ser analizada.
Entre los principales datos probatorios se encuentra la realización de peritajes de dispositivos electrónicos secuestrados en cárceles y domicilios, análisis de movimientos bancarios y billeteras virtuales y la identificación de nuevos implicados y posibles nuevas víctimas.
“La cantidad de datos a analizar es enorme. Estamos revisando redes sociales, registros de llamadas, operaciones financieras y evidencia digital que puede revelar más hechos delictivos”, explicó el fiscal.
El debate sobre la jurisdicción
Durante la audiencia, las defensas intentaron cambiar la jurisdicción del caso argumentando que la mayoría de los imputados residen en Trelew, por lo que el proceso debería tramitarse en otra oficina judicial.
El fiscal Rivarola rechazó el pedido basándose en antecedentes de la Corte Suprema, que establece que los delitos cometidos a través de Internet no tienen territorialidad, y en que la investigación se inició en Rawson a partir de la denuncia de la madre de una víctima menor de edad.
Posibles más víctimas y nuevas imputaciones
La investigación sigue en curso y la Fiscalía no descarta que aparezcan más víctimas, lo que podría derivar en nuevas imputaciones y la ampliación del caso.
Mientras tanto, los ocho imputados continúan detenidos en distintas dependencias carcelarias de Chubut, a la espera de la próxima instancia judicial en la que se definirán eventuales prisiones preventivas y la evolución del proceso.