Sandoval tras la condena a Torres Otárola: "Estoy convencido de que denunciar era lo correcto."

El contador Martín Sandoval, denunciante en la causa denominada “Ñoquis calientes” que derivó en la condena de la ex diputada y ministra de Chubut, Cecilia Torres Otárola, expresó su satisfacción tras conocerse el fallo: "La justicia ha sido un poco más justa". 

La sentencia declaró culpable a la ex funcionaria por cuatro hechos de fraude a la administración pública y tres de exacciones ilegales, marcando un precedente en la provincia en casos de corrupción.

El tribunal, integrado por la jueza Marcela Pérez Bogado y los jueces José Ennis y Carlos Richeri, consideró probado que Torres Otárola promovió designaciones de funcionarios que no cumplían funciones en la Legislatura ni en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. 

Además, se acreditó que exigió a sus asesores, entre ellos el propio Sandoval, depositar parte de sus sueldos. Para la Justicia quedó acreditado que esta maniobra se la realizó al denunciante del caso, el contador Martín Sandoval y a otros dos asesores por ella designados, Erica Paludi y Alexis Ganga.

Sandoval relató que su denuncia se originó durante la pandemia, cuando se negó a firmar expedientes irregulares. "A partir de ahí, enfrenté persecuciones que afectaron mi vida laboral y personal", afirmó. El contador también recordó haber recibido situaciones de amedrentamiento y mencionó que la defensa de Torres Otárola intentó obtener sus movimientos bancarios, acción que calificó como irregular.

A partir de la exposición del tema en los medios, inclusive con una primera entrevista realizada por EQSnotas.com, “el Procurador tomó nota del tema y me pidió que ratifique los dichos ante el ministerio público fiscal.

Sandoval no tiene dudas que aquella definición devino en una serie de situaciones que atentaron contra su buen nombre y honor. Por caso, aquella causa de extorsión ligada con una masajista, para el profesional  también estuvo vinculada con las “devoluciones” por haber denunciado un hecho de corrupción.

Más tarde, en el desarrollo de la investigación, Sandoval denunció aprietes contra su persona y contra una testigo por el pedido de levantamiento del secreto bancario de sus cuentas por parte de la defensa de Torres Otárola. "Desconozco cual es la razón para pedir mis movimientos bancarios desde el 2015 al 2020.No tengo nada que ocultar, pero el procedimiento no corresponde" señala el contador entonces.

El veredicto de culpabilidad de los jueces Marcela Pérez Bogado, José Ennis y Carlos Richieri se dio a conocer el 30 de diciembre en tanto el próximo 6 de enero se realizará la audiencia de cesura de pena en la que las partes debatirán el monto que se les impondrá a cada uno de los que fueron hallados culpables. 

Para los jueces y sobre la base de testigos que aportó el fiscal general Omar Rodríguez y su equipo, Torres Otarola produjo designaciones de algunos de los imputados de manera intencional sin realización de ninguna contraprestación para lo que habían sido contratados en la Legislatura del Chubut cuando era diputada provincial y luego como Ministra de Familia.

La maniobra que se probó en el juicio, sentó un precedente en Chubut en materia de corrupción.

La audiencia de cesura de pena, en la que se definirán las condenas para los responsables, se llevará a cabo el próximo 6 de enero. Para Sandoval, el caso sienta un precedente importante: "No lo vivo como una victoria personal, pero estoy convencido de que denunciar era lo correcto".

El sistema y las fallas de control

Las causas de corrupción que fueron juzgadas en los últimos años en Chubut dejaron al desnudo un sistema que en gran medida normalizaba la comisión de delitos. Por acción o por omisión, los organismos de control quedaron expuestos con sus (muchas veces escasos) resultados. Y también quedó claro que hay revisiones por hacer.

“No se cumplía con los controles internos y eso permitía que estas situaciones pasen” remarca Sandoval. Luego agregó que es necesario que exista una política de estado real, para erradicar estas situaciones, pero para ello es elemental tomar la definición política de aplicar todos los controles que sean necesarios.

Consultado sobre las declaraciones del ex Gobernador Arcioni acerca de su desconocimiento sobre lo sucedido, incluso de la ubicación física de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, se mostró sorprendido. “Cuando él asume decide sacar de Casa de Gobierno las oficinas y él define el lugar donde iba a funcionar. Se ve que perdió la memoria en este tiempo” destacó.

Finalmente remarcó los dichos del Fiscal Omar Rodríguez , titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública, quien destacó que es una medida ejemplar con un resultado único en el país en una causa por “ñoquis”, “creo que es un buen camino para que se siga denunciando y que el mismo Estado ofrezca las herramientas de protección a quienes denuncian.”

El resto de los imputados

Así mismo para los tres magistrados del juicio, quedó acreditado que Silvana Cañumil solo realizó tareas de niñera de los hijos de Torres Otarola cuando era diputada y funcionaria provincial.

Dos de los siete imputados resultaron absueltos. Se trata de Branco Rodera Neira y Jackelina Rodera. A los otros cinco imputados, los fiscales pudieron probar en el juicio algún grado de responsabilidad.

Además de Cañumil, también fueron declarados culpables de defraudar a la administración pública, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera y Reto Trelles, todos con domicilio en Buenos Aires. La primera como Directora General y los otros dos como directores en el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia. Los jueces destacaron que estas maniobras también quedaron acreditadas por los testimonios de empleados de planta permanente que debieron realizar tareas que no efectuaba los contratados por Torres Otarola.

El Tribunal convocó a las partes para realizar la audiencia de cesura de pena, para el próximo lunes 6 de enero de 2025, por la mañana.