Se llevó a cabo en Rawson la audiencia prevista en el marco de la causa denominada "Revelación" en la que se investiga, entre otros, a los ex funcionarios públicos Pablo Oca y Gonzalo Carpintero por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y enriquecimiento ilícito, respectivamente.

Tal como se había adelantado, el fiscal Marcos Nápoli presentó ante el juez Sergio Piñeda un pedido de homologación del acuerdo arribado entre los imputados Gonzalo Carpintero, Pablo Oca y el Ministerio Público Fiscal de Chubut.

El Dr. Nápoli argumentó que, con el instituto del juicio abreviado propuesto, el Estado chubutense logra que los imputados se declaren culpables y además, mediante una multa, se recuperaría parte del botín producto del ilícito.

De esta manera, el Dr. Nápoli hizo conocer al magistrado las nuevas calificaciones penales que les imputa a Oca y a Carpintero y en razón de ello, las penas que corresponden en cada caso.

La situación de Oca

En lo referido al ex Ministro de Economía de la Provincia, el Fiscal lo considera miembro de una asociación ilícita -no organizador-, en concurso real con cohecho activo, toda vez que privilegiaba a algunas empresas constructoras en desmedro de otras. En tal sentido, la pena que solicitó el MPF fue tres años de prisión efectiva, interpretando que de acuerdo al tiempo que permaneció detenido, la misma ya alcanzaba para ser de ejecución condicional.

También propuso inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de cualquier índole, dejando a salvo la actividad académica, para que Oca pueda seguir dando clases en la Universidad, como lo viene haciendo, pero con la condición de que done el sueldo que percibe por esa actividad, a alguna entidad de bien público, que podría ser la propia casa de altos estudios.

Imputación a Carpintero

En cuanto al ex secretario privado de Mario Das Neves, Gonzalo Carpintero, el Fiscal Nápoli infirió que al igual que Oca, no cuenta con ningún antecedente penal, ni condena alguna y subrayó que no hubo nadie que dijera que fuera el propio Carpintero quien solicitaba retornos para acelerar certificaciones de obra.

Su imputación final es la de enriquecimiento ilícito de acuerdo al artículo 268 del código penal y según el investigador, esto queda evidenciado por la cantidad de bienes que adquirió sin tener otro ingreso que no fuera el de su salario en la administración pública.

La calificación jurídica definitiva por este delito es de tres años de efectivo cumplimiento, aunque alcanza la de ejecución condicional por el tiempo que estuvo en prisión preventiva, más una serie de pautas de conducta, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa que consiste en el decomiso de una vivienda de 362 mts2 en el Barrio Bonorino valuada en 420.000 dólares, otro inmueble de 338 mts2 (terreno) valuado en 50.000 dólares y una camioneta Toyota sw4 2017, valuada en $ 260.0000.

La traslación de dominio de dichos bienes en favor del Estado provincial los debe hacer en un plazo máximo de seis meses, de lo contrario la ejecución penal sería de efectivo cumplimiento.