Con esta determinación le dió la razón al juez Rodolfo Canicoba Corral, quien se había declarado incompetente ante una presentación de organismos de derechos humanos.

La denuncia fue presentado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y desde hace un tiempo se estaba analizando cual era la competencia real de esta investigación .

Los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia determinaron que  sea enviada al juzgado federal de Esquel, porque allí se lleva la causa principal por la muerte de Maldonado, lo que permitirá tener un "análisis global" de lo acontecido.

"En este caso, se advierte que se encuentran reunidos los requisitos procesales que indican que en la presente causa, en la cual -en principio- su hipótesis delictiva se vincula con un posible encubrimiento de la cuestión principal investigada en los autos tramitados en el Juzgado Federal de Esquel, resulta competente este último órgano jurisdiccional, quien además es el que inició la prevención respecto al caso", indicaron los jueces  en la resolución.

El Dr Canicoba Corral se declaró incompetente y esa decisión fue apelada por los denunciantes y por el fiscal federal Federico Delgado, pero la Cámara le dio la razón al juez porteño.

La investigación de la denuncia en Esquel "conlleva a una más pronta administración de Justicia, en virtud de la comunidad probatoria que podría existir entre ambas actuaciones y a posibilitar un análisis global del caso por parte de un único magistrado que facilitaría la tarea jurisdiccional encaminada a lograr la averiguación de la verdad de lo acontecido" remarcaron  los jueces en el fallo.

La denuncia fue presentada por supuesto "encubrimiento y violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad" contra el presidente Macri pero también involucra a otro funcionarios: el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti; y el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Claudio Avruj.

También se denunció al director nacional de Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, y a otros jefes de esa fuerza, además del gendarme Juan Escola, del escuadrón 36 de Esquel.