Investigación a funcionarios de Vialidad: los áridos sustraídos eran para rellenar caminos de acceso a campos privados
El Fiscal Ismael Cerda explicó la investigación que llevan adelante a partir de la denuncia del titular de la repartición. La Oficina Anticorrupción y la Fiscalía de Estado se constituyen como querellantes.
El Presidente de la Administración de Vialidad Provincial (AVP), presentó en el mes de febrero ante el Ministerio Público Fiscal una denuncia penal para que se investiguen presuntas irregularidades en la utilización de áridos de la Cantera Fontana de la ciudad de Esquel, perteneciente al organismo vial.
La presentación fue realizada por Hernán Tórtola, luego de detectarse la extracción de áridos en una cantera estatal por parte de privados y sin la debida autorización. El objetivo de esos áridos era realizar el relleno de caminos para ingresar a algunos campos privados de la zona.
Según consta en la denuncia, dicha situación “solo podría ocurrir por haberse proporcionado llaves de la tranquera o bien dejarla intencionalmente abierta a los fines de permitir el ingreso de camiones y maquinarias”.
En las últimas horas, la fiscal María Bottini y el procurador de fiscalía Ismael Cerda, expusieron en audiencia el hecho que están investigando para determinar si los dos funcionarios de Vialidad Provincial, habrían cometido peculado. En representación de la provincia, asistió un abogado de la Fiscalía de Estado.
Los imputados participaron de la audiencia con su abogado de confianza Raúl Vila. El juez Carlos Richeri, declaró formalmente abierta la investigación penal.
El Fiscal Ismael Cerda señaló a EQSnotas.com que tiene probado que la extracción fue sin autorización y se refirió a la situación de los ex funcionarios. Precisó luego que tenían un cargo político y están ahora en situación de revista como empleados, dado que pertenecen a la repartición.
La Fiscalía de Estado y la Oficina Anticorrupción se constituyen como querellantes en el proceso.
El hecho imputado
Los fiscales investigan lo sucedido desde el 15/01/2024 al 9/02/2024 aproximadamente. De acuerdo a los primeros elementos, Fabian Pérez en su carácter de Ingeniero Jefe de Vialidad Provincial y Juan Carlos Vinay, en su carácter de Jefe de la Sección Zona Noroeste de Vialidad Provincial, habrían sustraido de la Cantera Arroyo Fontana, sita en Ruta Provincial Nro. 71, propiedad de Vialidad Provincial (cuya administración y custodia de ellos dependía) tres mil seiscientos metros cúbicos (3.600 M3) aproximadamente de material árido, compuesto por piedra y arena; sin contar con la autorización del presidente de Vialidad Provincial (Sr. Hernán Tórtola) ni seguir el trámite administrativo ordinario correspondiente.
La hipótesis de investigación es que permitieron y autorizaron ellos mismos, a que la empresa privada “TRANSPORTES MUÑOZ”, extraiga de esa Cantera el material destinado al relleno de un callejón cedido sin nombre, ubicado entre la Estancia Amancay y la sucesión López; ejido Trevelin; que benefició a tres propietarios particulares de ese sector.
En su relato del hecho, Cerda indicó que para sustraer los áridos, ambos funcionarios públicos, habrían dado órdenes a empleados subordinados de vialidad, con funciones en la cantera Arroyo Fontana, de que no controlaran la cantidad de material, el destino del mismo, no identificaran a los trabajadores de la empresa, permitieran el ingreso de los vehículos particulares al recinto de Vialidad Provincial sin control ni tramite alguno, durante los veinticinco días que llevó retirar el material.
Por otra parte, durante el hecho y de acuerdo a lo denunciado, Fabian Pérez habría intentado apartar de su puesto de trabajo, sin motivo alguno, al empleado Rodrigo Sánchez, quien es el cargadorista y cuidador de la Cantera, posiblemente para facilitar los trabajos de extracción de los caudales sustraídos.
Finalmente, de acuerdo a las pericias realizadas, el material que se considera sustraído, tendría al momento del hecho, un costo en el mercado (sin IVA), puesto en cantera sin zarandear, de pesos cuatro millones trescientos veinte mil pesos ($4.320.000) aproximadamente, según pericias realizadas.