Se realizó el debate por la pena a imponer a Darío Alberto Sepúlveda por el homicidio cometido con exceso en la legítima defensa de Nahuelpán.

La fiscal María Bottini, planteó que no se trata de un caso de mínima culpabilidad.

Pidió que se considere el medio empleado, la reiteración e intensidad de las (dos) puñaladas, que la víctima se hallaba desarmada y tenía una minusvalía en uno de sus brazos.

También se refirió a la proximidad con la víctima y a la vulnerabilidad de esta. Habló además del esfuerzo que debió hacer Sepúlveda para no motivarse en la norma (en la prohibición de matar), ya que es una persona instruida, que ha pasado por tratamiento penitenciario y fue advertido sobre las consecuencias de volver a delinquir.

También mencionó que, luego de cometido el hecho, se fue de la vivienda sin pedir ayuda, ni auxiliar al herido. Como atenuante refirió el pedido de disculpas a la familia de Nahuelpán, realizado en la audiencia.

Bottini alegó que están dados los requisitos legales para la declaración de reincidencia, lo que impediría al condenado acceder al beneficio de la libertad condicional.

Por su parte el defensor Daniel Sandoval, cuestionó el pedido. Requirió a los jueces que ingresen al análisis por el mínimo de la pena y que se tenga en cuenta de que se trata de un delito que no fue cometido con la intención de matar.

Indicó que algunos de los agravantes postulados por la Fiscalía, refieren a hechos no probados. También adelantó que presentará un recurso cuestionando la sentencia, por lo que Sepúlveda aún puede resultar absuelto.

El letrado valoró los estudios y cursos realizados durante la ejecución de una pena anterior, como un atenuante. En el mismo sentido mencionó que antes de este hecho Sepúlveda estaba trabajando para el municipio. Añadió que cambió sus costumbres, que fortaleció lazos con su familia y que fue papá.

Se discutió por las partes la necesidad de dar continuidad a la prisión preventiva. Los jueces decidieron que la medida recién deberá ser analizada cuando den a conocer la sentencia el 11 de octubre.

Rolón informó a los familiares de la víctima, que tienen derecho a participar en el control de la ejecución de la pena, cuando esta se imponga y si quedara firme.