Ex funcionario cumplirá dos años y medio de prisión por defraudación en el Ministerio de Educación
La pena para Raúl Care es de ejecución condicional, además se dispuso la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Es la causa en la que fue absuelta la ex ministra Graciela Cigudosa.
En la jornada de este viernes, el Tribunal colegiado de la causa por defraudación al Ministerio de Educación de la provincia de Chubut dio a conocer el monto de la pena que deberá cumplir Raúl Care, ex Secretario de Coordinación del Ministerio. Cabe recordar que en este juicio, el tribunal determinó que la ex Ministra Graciela Cigudosa no tuvo responsabilidad en el hecho.
El juez Nieto Di Biase, presidente del Tribunal, notificó a las partes de su resolución sobre el ya condenado Raul Care. En su extensa Sentencia, además de la pena que consideró justa, también dispuso la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Care, fue hallado culpable en la causa por defraudación en el Ministerio de Educación, en donde el fiscal general Omar Rodríguez, tras una compleja investigación e hipótesis del caso, logró probar en juicio que la actividad de Raul Care fue la de aprovecharse de su función “para favorecerse personalmente”.
“Es una persona con instrucción que además tiene conocimientos de tareas administrativas, por lo tanto, tenía más conciencia de los hechos que estaba desplegando”, consideró el fiscal Omar Rodríguez quien había pedido que se lo condene a tres años y medio de prisión, más inhabilitación perpetua, parta ocupar cargos públicos, además de hacerse cargo de las costas de todo el proceso penal.
El defensor Andrés Meiszner en la audiencia previa de cesura de pena, pidió el mínimo, dos años de prisión en suspenso.
El Tribunal lo integraron los jueces Marcelo Nieto Di Biase (presidente), Martín O´Connor y Patricia Reyes.
Perspectiva de corrupción
Tras otro juicio más por delitos de corrupción en Chubut, quedó en descubierto las graves consecuencias sociales que producen los hechos de corrupción, como el delito de administración fraudulenta, investigado en esta causa.
No es solo un daño económico, sino que con esta clase de delitos, además “se deslegitima a la democracia, se atenta con los derechos humanos de los más vulnerables, se afecta el sistema de salud, de educación, el servicio de Justicia, entre otros graves daños”, manifestó el fiscal Omar Rodríguez titular de la UFE.
Fuente: Ministerio Público Fiscal