A través de un comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios  Judiciales del Chubut, expresó "su profunda preocupación por la falta de pago de los haberes de todos los integrantes del Poder Judicial, en la fecha que había sido anunciada,  incumplimiento que por no ser  la primera vez que se produce, exterioriza la  improvisación  con la que se determinan y anuncian las fechas de pago."

Más adelante el texto indica que "no se puede soslayar que el incumplimiento reiterado siempre lo es respecto de los salarios de  todos los integrantes de los  Poderes Legislativo, Judicial y del Tribunal de Cuentas, sin advertir que con ello se ve seriamente comprometido  el correcto funcionamiento de los mismos y de la forma republicana de gobierno, en tanto  se gestan medidas de fuerza por parte de los empleados, ya no, con el sólo fundamento del pago tardío, sino en la falta de razonabilidad  en el criterio de selección adoptado al momento advertir la insuficiencia de fondos para pagar los sueldos de toda la administración pública, que afectan de manera  directa el servicio que estamos obligados a prestar a los ciudadanos."

Mas adelante  instan al Poder Ejecutivo Provincial a  depositar a la mayor brevedad posible los haberes del mes de febrero de 2019, "a cumplir los meses subsiguientes con el pago en el plazo legal y a evitar en lo sucesivo,  a realizar promesas de fechas  de cobro que finalmente no se cumplen, en tanto contienen una total falta de consideración de las consecuencias que ello produce en la administración individual de los trabajadores,  que ya se  ha visto deteriorada, no solo por el proceso inflacionario que atraviesa nuestro país, sino  por el pago de  intereses que se derivan  del pago tardío  -involuntario- de las obligaciones previamente contraídas."

Por último,  subsidiariamente y en el caso, en el que la real situación financiera de la provincia amerite un nuevo  desdoblamiento del pago de los salarios,  como ha ocurrido durante todo el año 2018,  se sincere públicamente la situación, se informe con antelación y en lugar de resolver de manera antojadiza y bajo el riesgo de convalidarse un acto de gobierno discriminatorio,  se mantenga el criterio mediante el cual,  el orden de pago de los sueldos de todos los empleados de la provincia se establezca conforme su monto, de menor a mayor,  que en la excepción,  resulta ser protector de los que menos ganan, cualquiera sea el  Poder  del Estado en el que se desempeñen.