La gestión de Mariano Arcioni necesitó en junio de este año, 3.724 millones de pesos para cumplir con el pago de sueldos a los empleados de la Administración Pública Provincial, un 113% más en relación al mismo mes de 2018 cuando requirió 1.748,3 millones de pesos. Sumado a esto, el Gobierno del Chubut destinó, el último mes, 1.659 millones de pesos para el pago de medio aguinaldo contra los 776 mil millones de 2018.

Luego de las paritarias acordadas en marzo entre el gobierno y los distintos sectores de trabajadores estatales, la masa salarial se duplicó. Es decir que durante el pasado mes de junio, cuando se juntaron el medio aguinaldo y los salarios, el desembolso total superó los 5.300 millones de pesos.

Este número surge de los aumentos que el gobierno firmó en paritarias con los representantes de los estatales a comienzos de 2019, que si bien tuvo variaciones según el sector, en general se dio en dos tramos, y fue un promedio del 40 % entre trabajadores de la educación, salud, policía y administración central, que suman más del 80 % de la masa de empleados públicos.

Pero ese 40 % de incremento salarial fue apenas para la primera mitad del año, a la que hay que agregar la denominada "cláusula gatillo", para los últimos tres trimestres del año, a cobrar en los meses de julio, octubre y enero.

Con ese nombre se conoce a las actualizaciones salariales automáticas que se aplican al sueldo básico de cada convenio de acuerdo al índice inflacionario de la región patagónica. Por ejemplo, en el trimestre de abril, mayo y junio, ese índice aportado por el Indec fue del 10 %. Es decir que si se proyecta este número para los dos trimestres pendientes de 2019, en Chubut se otorgó a los estatales un incremento anual del orden del 70 %.

Precisamente estos acuerdos fueron uno de los argumentos de la campaña electoral que en buena parte sirvieron para que Arcioni obtenga un amplio triunfo con el 38 % de los votos, superando por 8 puntos al candidato del PJ, Carlos Linares. De hecho, el reelecto gobernador se jacta de ello al mencionar "debemos ser la tercera administración pública mejor paga del país, y en algunas áreas la primera".

Ahora bien, esa cifra del 10 % de cláusula gatillo que debió haberse pagado en julio, no fue depositada porque la provincia no cuenta con los fondos para afrontarlo, como tampoco lo cargará en los sueldos que se van a pagar en agosto, por lo que se van a acumular dos meses sin poder afrontar el pago del aumento. Por este motivo, los dirigentes de gremios como ATE y UPCN ya adelantaron que evalúan una denuncia penal contra los funcionarios responsables por incumplir con un acuerdo paritario que es ley.

Pero el escenario es aún peor si se pone en consideración que tampoco se pagó el aumento pendiente a los jubilados provinciales, a quienes se adeuda aún la suba salarial correspondiente al mes de abril, y en un dato que es aún más increíble, según Sara Gianardo -la vocal por los Pasivos en la Caja de Jubilaciones (ISSyS), quienes también denunciaron penalmente al ministro de Economía de la provincia por retener indebidamente los aportes de la caja para pagar a otros sectores-, el gobierno entregó recibos de haberes a jubilados que incluyen los aumentos que aún no recibieron.

Con el agravante de que por primera vez en la historia, se tomó en julio una decisión política absolutamente equivocada, que llevó al mismo gobernador Arcioni a pedir disculpas públicamente: al no contar con todos los fondos necesarios, se comenzó a pagar los sueldos por sectores, cobrando primero docentes, policías, personal de salud y del resto de las áreas, y dejando casi en último lugar a los jubilados, que históricamente fueron los primeros en cobrar.

El problema del gobierno es que la falta de fondos asoma como algo permanente, producto de los compromisos en dólares asumidos por la provincia en tres bonos para hacer obra pública, que pertenecen uno a la anterior gestión de Mario Das Neves, otro tomado por el ex gobernador Martín Buzzi, y el último en la actual gestión que comenzó el fallecido Das Neves y que continúa Arcioni.

A estos vencimientos de deuda, se suma el cálculo demasiado optimista que se había realizado de los ingresos por regalías para 2019, con un precio del barril muy por encima de lo que está hoy, y a un dólar más alto del que actualmente se verifica. Y en este panorama, hay que agregar que la Nación está realizando descuentos de 700 millones mensuales por coparticipación, producto de la devolución de un crédito tomado con el fondo fiduciario federal.

Por esa razón, cuando los representantes gremiales de los trabajadores piden certezas respecto al pago de salarios para el próximo mes, y exigen al gobierno que anticipe un cronograma de la manera en que piensa pagar los haberes, las respuestas de los funcionarios es que "estamos haciendo todo lo posible para salir del pago escalonado", pero que no hay un panorama cierto de cómo salir de la crisis por falta de fondos.

De hecho, las medidas de fuerza de los distintos sectores se mantienen sin interrupciones, con paros de un gran números de docentes y porteros de escuela, sumados a todo el Poder Judicial y Legislativo, porque además de los problemas en el pago de sueldos, el gobierno debe realizar malabares todos los meses para cumplir con el pago a los prestadores de la obra social provincial, Seros. Como Economía no gira los fondos -que en realidad son descontados a cada uno de los trabajadores, un 4 % de su sueldo-, a la obra social se le llegan a juntar facturaciones de médicos, laboratorios, clínicas y farmacias por más de 60 y hasta 90 días, lo que origina de manera recurrente el corte de la atención a los afiliados.

Fuente ADNSur.