Con protestas de grupos ambientalistas en defensa del agua, cortes de rutas productivas y vallas rodeando el edificio, la Legislatura de Mendoza  modificó la ley que prohibía la minería metalífera y abrió la puerta a inversiones en explotación de cobre, plata y oro.

Desde hace más de una década, buena parte de la población mendocina ha marchado a favor del agua y en contra de una ley prominera. El resguardo era la Ley 7.722, sancionada en junio de 2007, durante el gobierno del radical Julio Cobos, que prohibía todo tipo de minería metalífera. Ahora, se permitirá el uso del cianuro y el ácido sulfúrico y sólo queda prohibido el mercurio.

La modificación se logró con el consenso entre las dos partidos políticos dominantes, el gobernante UCR y el PJ, principal opositor. Pesó también el reclamo de cámaras empresarias e industriales y el aumento del desempleo en la provincia cuyana, casi del 10%. El nuevo gobernador, el radical Rodolfo Suárez (sucesor de Alfredo Cornejo) ve en la minería una fuente de ingresos públicos y creación de empleo.

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La ley ha provocado protestas de grupos ambientalistas, gremios y, de forma más masiva, en los municipios del Valle de Uco (en especial San Carlos), que resiste este cambio en defensa del agua, escasa en una provincia semidesértica.

Unas 2.000 personas se manifestaron fuera de la Legislatura, en la Plaza Independencia, gritando "asesinos" a los legisladores que votaron a favor y cantando el Himno Nacional. Una vez aprobada la norma, los manifestantes se trasladaron al nudo vial de ingreso a la ciudad de Mendoza, que permanece bloqueado al igual que otros ocho cortes de ruta. Los ambientalistas también anticiparon que presentarán una demanda de inconstitucionalidad de esta ley.

Por 29 votos afirmativos y 7 negativos, el Senado de Mendoza aprobó este mediodía, en sesión especial, la reforma. Por la tarde, fueron 36 votos a favor y 11 en contra en Diputados, convirtiendo la norma en ley. El subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, explicó que la norma sancionada estará regulada por el Plan de Ordenamiento Territorial y que se realizará un análisis de impacto ambiental a nivel provincial y municipal en cada proyecto minero.

El proyecto de reforma de la ley 7.722 había contado con el respaldo del propio presidente Alberto Fernández, quien esta semana se reunió con Suárez.

Fuente Clarín