La ley 26.160, impulsada por Alicia Kirchner, está vigente desde 2006 y se prorrogó en dos oportunidades. Fue concebida como una ley de emergencia para las comunidades aborígenes por un término de 4 años, en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por éstas.

En esencia suspende la ejecución de sentencias y actos de desalojo, desocupación de posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos aborígenes.

El Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC)  solicitó al Congreso de la Nación una nueva prórroga ya que noviembre es la fecha de su nuevo vencimiento.  La entidad advirtió que dado el contexto por la desaparición de Santiago Maldonado, sería muy peligroso que esta ley caducara nuevamente.

Esta ley además contempla un fondo especial de 30 millones de pesos para asistencia y Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras ocupadas por comunidades aborígenes que debía realizarse en un plazo de 3 años por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas).

Al respecto, en el año 2013 el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), presentó una advertencia sobre la inejecución de la ley 26.160. El informe daba cuenta de la subejecución del programa, pero no del presupuesto. De acuerdo a los datos brindados por el INAI, se había relevado sólo el 24% del total de las comunidades, y de este porcentaje se había concluido el 12,48% en forma efectiva.

También el ENDEPA denunciaba una transferencia de fondos  a la Universidad de Lanús, por asesoramiento sin ningún informe justificativo, por un monto de $ 22.329.339.

Fuente: Diario de Madryn

Foto: Red de apoyo comunidades en conflicto