El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) informó este miércoles la resolución a través de la cual dispuso una veeduría sobre la Cooperativa 16 de Octubre, prestataria de servicios públicos de Esquel y Trevelin. 

Según la resolución del mencionado organismo, esta medida se adopta tras detectar una serie de irregularidades “que ponen en riesgo la sustentabilidad del servicio eléctrico y afectan tanto a los usuarios como a la propia entidad”.

Cabe recordar que desde hace tiempo la Cooperativa 16 de Octubre es foco de reclamos por parte de vecinos de Esquel y hasta del propio gobernador Ignacio Torres quien anunció el pedido de intervención judicial de la prestataria de servicios. 

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Álvarez sobre el pedido de intervención de la Coop 16: "los vecinos merecen explicaciones"

Al respecto, Andrea Molachino, del grupo de vecinos autoconvocados por el aumento de tarifas de servicios en Esquel, expresó que “esta es una medida de medio camino”, remarcando que no hay mayor información acerca de cómo se implementará.

“No sabemos con qué profundidad va a ser esta veeduría, no sabemos quién la va a designar, ni qué capacidad de toma de decisiones tendrá”, señaló. 

Molachino también cuestionó la falta de detalles sobre los aspectos legales de la resolución. “No sabemos si la veeduría es apelable, ni cómo se relaciona con la normativa vigente sobre cooperativismo”, indicó. 

Además, destacó que la resolución del INAES no toma en cuenta algunas de las pruebas presentadas por los vecinos, lo que genera desconfianza sobre el proceso.

Andrea Molachino, del grupo de vecinos autoconvocados por el aumento de tarifas de servicios en Esquel

El rol del INAES y las expectativas de los vecinos

De acuerdo a lo expresado por los vecinos autoconvocados, la veeduría se considera una medida intermedia, que podría no ser suficiente para resolver las graves irregularidades que afectan la prestación del servicio. 

Según Molachino, los costos de la veeduría corren por cuenta de la Cooperativa, lo que genera preocupación entre los asociados. “Si la intervención judicial no se lleva a cabo y esta medida no soluciona el problema, el gasto recaerá sobre los asociados”, afirmó.

Mientras tanto, los vecinos siguen a la espera de más información sobre el proceso y los tiempos estimados para la implementación de la veeduría. 

“No conocemos los plazos ni el alcance de esta medida. Nos estamos informando con los vecinos y aprendiendo a medida que avanzamos en esta lucha”, concluyó Molachino.