La semana pasada la familia de Maldonado planteó en Montevideo ante la CIDH que un grupo de expertos independientes y foráneos supervisen el curso de la investigación penal que Lleral lleva adelante con la carátula de desaparición forzada.

Dicho planteo pedía contar "con una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente con el objeto de determinar las circunstancias de la muerte"

Según consigna el Diario La Nación, la querella planteó la intervención de "un equipo independiente, estable, que lleve a cabo una investigación sistemática e interdisciplinaria; el cual debería recorrer de modo exhaustivo el lugar de los hechos y hallazgo del cuerpo, interrogar a distintas personas clave para probar qué ocurrió y que, de modo insólito, todavía no declararon en la causa".

El juez se negó categóricamente en una resolución:

"Cabe recordar-escribió Lleral en su resolución-que el Sistema Republicano de Gobierno, que acoge nuestra Constitución Nacional, garantiza la división de poderes y preconiza la vigencia de un Poder Judicial que, a través de los jueces, instituye el ejercicio de un poder jurisdiccional imparcial e independiente".

"Al amparo de dichos principios fundamentales, la querella del Sr. Sergio Maldonado puede encontrar las respuestas que pretende obtener en una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente que permita determinar las circunstancias de la muerte de su hermano Santiago".

Puntualizó, además, que si bien todas las fuerzas de Seguridad están bajo la órbita de competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, "ello no es motivo per sé para sospechar de maniobra ilícita alguna que empañe la investigación" por su actuación como auxiliares de la Justicia.

"Ahora bien-argumentó el magistrado-si partimos de la hipótesis de que la Justicia que ejerció sus deberes y facultades en procura de la búsqueda y hallazgo de Santiago Maldonado, y bregó para garantizar el derecho a la verdad de sus familiares-aún con la participación de auxiliares de la Justicia que pertenecen al Estado argentino-, no está en condiciones de hacer efectivas las garantías esenciales, debería renunciarse al reconocimiento del poder soberano que posee el Estado Argentino y dar paso a otros estamentos ajenos a las autoridades que instituyeron nuestros constituyentes".

Lleral concluyó su resolución con una afirmación sobre la administración de Justicia en nuestro país: "Tanto el Poder Judicial como también el resto de los organismos que posee el Estado argentino pueden dar una respuesta adecuada a las exigencias contenidas en los procesos" penales. Y recordó que fueron esas mismas instituciones del Estado argentino las que investigaron y juzgaron a autores de delitos de lesa humanidad, sin que hubieran participado grupos de expertos foráneos.

Fuente: Diario La Nación