El miércoles se conoció la intervención de la Defensoría del Pueblo en la situación de SEROS. Héctor Simionatti presentó un amparo contra la obra social por los sucesivos cortes.

Frente a esta situación, el juez de familia de Rawson, Martín Alesi, ordenó al gobierno que en un plazo de cinco días pague lo necesario al ISSyS para que queden restablecidas las prestaciones médicas a los afiliados chubutenses.

El magistrado entendió que hay una "vulneración masiva" del derecho de los afiliados y estableció ese plazo para evitar que "continúe el daño".

Asimismo, el juez Alessi citará al ISSyS y al gobierno provincial, debido a que entendió que: "Si no se incluye al Gobierno en la demanda, el Instituto se verá en la imposibilidad material de cumplir prontamente con las prestaciones médico-asistenciales a que tienen derecho los afiliados, quedando solo la alternativa de iniciar los procedimientos de cobro previstos legalmente"

El fallo de Alessi advierte: "La protección que dispensa la Constitución local y la ley a los recursos que integran el fondo de financiamiento de la obra social impone un notable límite a la discrecionalidad del Estado Provincial, ya que ese gasto público no puede ser destinado a fines distintos (...) El Estado Provincial debe ingresar al Instituto las sumas adeudadas en concepto de aportes y contribuciones, en lugar de confiscarlas como sucede desde hace años. Con los recursos del sistema de seguridad social la Constitución no tolera ningún desdoblamiento".

En este sentido, la justicia refiere que es obligación del Directorio de recaudar los aportes y ordenar al Banco del Chubut la retención directa sobre los importes que la Provincia reciba de Nación en concepto de regalías y contribuciones por la explotación de los yacimientos de hidrocarburos. También puede denunciar el desvío o retención de fondos pertenecientes al Instituto.

Fuente: ADNSur