Frenan por 60 días el decreto referido a “horas cátedra”
El gobierno dispuso una prórroga de dos meses para dar tiempo a los organismos a que se adecúen a la medida.
El polémico decreto 184 que a mediados de marzo firmó el gobernador tuvo una fuerte resistencia de los sectores gremiales, que vieron amenazados los puestos laborales de tantos trabajadores sujetos a esta modalidad de horas cátedra en educación y horas guardia en salud.
La última señal para el gobierno llegó el martes cuando la Legislatura aprobó una ley que protege a los empleados comprendidos en este sistema.
Dado el contexto, el Secretario General de Coordinación de Gabinete, Félix Sotomayor y el Ministro de Economía, Alejandro Garzonio, firmaron el jueves 5 la resolución que otorga una prórroga de 60 días como tiempo de adecuación al decreto, que entrará en vigencia definitivamente el 5 de junio.
El documento explica que "en diversas reuniones de trabajo impulsadas por esta jurisdicción (el Ministerio de Coordinación), ha surgido un planteamiento de los organismo comprendidos por el Decreto 184/18 en que se les otorgue un plazo para adecuarse"
Un decreto que generó rechazo
Entre los puntos más críticos del Decreto 184 que firmó el gobernador está la suspensión del Régimen General de Subsidios, y del otorgamiento de horas extras en cualquier organismo de la administración pública provincial.
Esto se traduce en la eliminación de las "horas cátedras" que no se realizan frente a alumnos en el aula, así como las llamadas "comisiones de servicio" relacionadas con los traslados de los empleados públicos a lugares que no se correspondan con sus funciones.
En el Artículo 7, se interrumpía el pago de remuneraciones a trabajadores que gozan de licencia gremial "sin importar la Asociación Gremial de que se trate o a la que pertenezcan, tengan o no Personería Gremial o simple inscripción, sin interesar el cargo o representación gremial del Agente".
Otros puntos importantes: la implementación del control biométrico de ingreso y salida de personal para la administración pública; un mayor control del rango de personal habilitado para usar vehículos oficiales; un censo y relevamiento de inmuebles del estado; baja de celulares y líneas de teléfonos; y la baja de 75 asesores.
Fuente y Foto: Jornada