El grupo de integrantes de la comunidad mapuche que está ocupando las oficinas del IAC señaló este martes a través de un comunicado de prensa que exige la presencia del titular del ente, Máximo Pérez Catán a quien le brindaron un ultimátum.

"De no mostrar voluntad de diálogo el gobierno de Chubut deberá asumir el costo político de su desprecio a nuestras demandas" señalaron en la lectura del texto ante los medios.

Luego destacaron que "No vamos a permitir que continúe el despojo y la criminalización" y exigieron la absolución de Olga Colihueque Catrimán y Gregorio Cayulef quienes están siendo enjuiciados en estas horas imputados por un violento suceso en la zona de Laguna El Martillo.

"Hasta el final del día de hoy esperamos a Perez Catán" indicaron en el documento y agregaron luego que "el pueblo mapuche se organizará y en unidad y consenso nos haremos escuchar"

El juicio contra Colihueque Catrimán y Cayulef

Gloria Colihueque y Gregorio Ernesto Cayulef, resisten la acusación en relación con un hecho registrado en la zona de Laguna El Martillo donde se les imputa amenazas calificadas, privación de la libertad agravada, desobediencia y amenazas simples

Botini expuso los hechos ante la juez del debate, indicando que en sede penal solo se discuten las conductas que encajan en el molde de tipos penales. Añadió la magistrada, que los hechos, así descriptos, fueron reconocidos previamente por el coimputado San Román.

Sonia Ivanoff, defensora particular de Colihueque y Cayulef, resiste la acusación fiscal, sosteniendo que quién llevó adelante las conductas que acusa la Fiscalía, fue San Román. Sostuvo que su defendida era acompañante y no pueden achacársele a ella estas conductas. Respecto de Cayulef, destacó que es un puestero que en por esas horas arriaba los pocos animales que tienen en el lugar y que se encontraba portando un cuchillo como es hábito para el desempeño de esas tareas rurales.

La letrada, dio lectura a un dictamen del INADI indicando que en el proceso de investigación, el juez de la carpeta no actuó de acuerdo a la normativa legal relativa a personas de origen indígena. Solicitó a la Jueza Estefanía que se admita prueba que fuera desestimada por el juez de la preliminar y planteó que los hechos se produjeron en el contexto de un problema de tierras fiscales, en las que su defendida es legítima ocupante. En su planteo denunció desprolijidades del órgano provincial que regula los permisos de ocupación en esas tierras.