Los futuros magistrados y funcionarios judiciales de Chubut deberán acreditar, al momento de concursar por algún cargo, una capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres.

Así lo acordaron el Superior Tribunal de Justicia y el Consejo de la Magistratura, a través de un convenio que involucra de manera directa a la Oficina de la Mujer del STJ.

El acto de firma del Convenio Marco de Colaboración se concretó el martes 10 de marzo del corriente en horas de la mañana, en la Sala de Acuerdos del STJ en Rawson, con la presencia de los ministros de la corte, Mario Luis Vivas y Alejandro Javier Panizzi; el presidente del Consejo de la Magistratura del Chubut, Enrique Maglione, y la titular de la Oficina de la Mujer, Mariana Ripa, quienes suscribieron el acuerdo para la puesta en marcha de lo resuelto en la acordada 1974/20 del Consejo de la Magistratura de Chubut que establece la implementación de un programa de capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres, que deberá ser cursado por todos los aspirantes a los futuros concursos.

Primero en el país

La Dra. Mariana Ripa afirmó que se viene trabajando la implementación de este convenio "desde hace tiempo, tanto con el presidente del Consejo de la Magistratura como con los ministros y lo destacado es que es el primero Consejo en la Argentina que tiene este nivel de compromiso, de enmarcar la necesidad de esta incorporación de la perspectiva de genero a los aspirantes como elemento obligatorio".

"Hay otros consejos que tienen acuerdos, tanto con las Oficinas de la Mujer como con centros de capacitación, pero es voluntario; no es obligatorio y me parece esto es poner en un lugar de centralidad lo que tienen que ver con género y derechos humanos" dijo la titular de la Oficina de la Mujer del STJ y agregó que la firma de convenio "nos pone en un lugar muy importante y de mucho compromiso".

En cuanto al curso, sostuvo que se trata de una capacitación en modalidad virtual y será de acceso para todos los aspirantes. "No sirve de nada a quienes aspiran a ocupar funciones públicas el conocimiento del articulado, de la normativa vigente, si no alcanzan a entender lo que significa, digamos, el impacto diferenciado del acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres a quienes van a ocupar cargos públicos" sostuvo Ripa.

Cumplir con la Constitución y los Convenios Internacionales

El Dr. Enrique Maglione, presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, sostuvo que la idea ya fue puesta en conocimiento del comité ejecutivo de Foro Nacional de Consejos de la Magistratura de nuestro país, donde la provincia participa y de hecho integra la conducción de dicho organismo.

Capacitación en la temática de género

El Convenio Marco de Colaboración se da en el marco del "Programa permanente de capacitación obligatoria para todas las personas que integran el Poder Judicial en la temática género y violencia contra las mujeres" (POG), brinda el desarrollo de herramientas tales como la Guía de Recursos y Servicios vinculados a situaciones de violencia por razón de género contra la mujer, la Biblioteca de Género, el Observatorio de Decisiones Judiciales con Perspectiva de Género, entre otras medidas.

Las acciones adoptadas siguen los lineamientos de los compromisos asumidos por la República Argentina al incorporar al bloque de constitucionalidad la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que imponen la implementación de políticas públicas para eliminar toda manifestación de discriminación y violencia contra las mujeres.

Además, en nuestro país la Ley n° 27.499, denominada "Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado", a la que adhirió la Provincia de Chubut mediante la Ley VIII-129, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

En el convenio se establece en los fundamentos que "la promoción del conocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres, es deseable que se extienda a otros grupos humanos u organizaciones de la sociedad con el fin que contribuyan a modificar patrones socioculturales en el objetivo de lograr la igualdad sustancial".

Por otra parte, indica que el convenio al que se sumará mañana el Consejo de la Magistratura, se da en el marco del cumplimiento del art. 8 de la "Convención Belén do Para", que establece que "resulta propicio fomentar el conocimiento y respeto a los derechos humanos de las mujeres y modificar patrones socioculturales que operen en contra de la igualdad, pudiendo impulsar diversas acciones tales como sensibilización y capacitación con perspectiva de género, investigaciones en la materia que permitan dimensionar el fenómeno, recopilación de estadísticas y sistemas de indicadores género sensitivos, campañas de difusión de derechos, servicios y recursos, seguimiento de las políticas públicas, conformación de registros, entre otras".