El Gobernador Mariano Arcioni, en diálogo con la prensa, expresó su respaldo a Leonardo Aquilanti, luego de conocerse que los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams solicitaron la apertura de investigación contra el ex funcionario provincial por un presunto enriquecimiento ilícito en más de 400 mil dólares.

Cabe recordar que Leonardo Aquilanti fue subsecretario de bosques de la provincia y actualmente integra el directorio del Banco Chubut.

Sobre esta cuestión el gobernador Mariano Arcioni fue consultado este viernes en conferencia de prensa y allí remarco que "me preocupan actitudes de la Justicia, que después no sigue avanzando".

"Fácil es decir y denunciar pero después no avanzan como en otras tantas causas", expresó el gobernador y agregó que "soy respetuoso y lo dejo en manos de la Justicia".

En este sentido remarcó su apoyo a Aquilanti , señalando que le cree al ex subsecretario de bosques. "Es un señor que ha demostrado a lo largo de todos los años una honestidad y sensatez como pocos, entonces yo sé en quién confiar", concluyó.

La investigación

Este jueves se conoció que los fiscales Rodríguez y Williams cuestionan el incremento patrimonial de Aquilanti, que incluye bienes en Playa Unión y plazos fijos en dólares, "no encuentran sustento en los ingresos legítimos que percibió como funcionario mientras ocupó cargos públicos".

Al respecto explicaron que los movimientos bancarios arrojan un desfasaje entre el dinero ingresado y su acreditación de haberes.

"Puntualmente existen múltiples depósitos hechos en efectivo por caja en distintas sucursales bancarias que se acreditaban en la cuenta del imputado. Esos depósitos en efectivo superan ampliamente sus ingresos".

La Oficina Judicial deberá fijar la fecha de audiencia para que el ex subsecretario de bosques de Chubut sea notificado por la figura de "enriquecimiento Ilícito", previsto y reprimido por el artículo 268 inciso 2 con penas de prisión de dos a seis años, multa de dos a cinco veces el valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua para quien "no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo público".