Ramiro Ibarra, presidente del partido vecinal Crecer y ex secretario de coordinación de la municipalidad de Lago Puelo, presentó hoy una denuncia contra el intendente Augusto Sánchez, por "Incumplimiento de deberes de funcionario público" en procedimientos aplicados para compras en el marco del siniestro ígneo.

Según se detalla en la exposición, tanto el mandatario municipal como el viceintendente, Alejandro Marques, y otros funcionarios del gabinete, incurrieron en el gasto de una suma millonaria sin la debida autorización del Concejo Deliberante y sin proceder a una licitación pública.

En comunicación con los medios, el referente de Crecer afirmó que "la presentación se basa en datos y pruebas concretas", y solicitó que la Justicia investigue porque cree "en la misma y es importante que se sepa la verdad de qué se hizo con los fondos".

Además, Ibarra detalló una serie de irregularidades cometidas por el Ejecutivo, como el incumplimiento de plazos en entrega de módulos habitacionales, defectos en la construcción, carencia de información y manejo poco transparente del presupuesto. "Evidentemente hay un modus operandi que está claro, que es manejar discrecionalmente los fondos", subrayó.

"La denuncia la presenté con el aval del artículo 16° de la Carta Orgánica, donde dice que todos los vecinos de Lago Puelo tenemos el deber de cumplir y demandar el cumplimiento de los preceptos", enfatizó Ibarra.

Dicha infracción se suma a las reiteradas faltas cometidas por el Gobierno municipal, que desde su asunción, en diciembre de 2019, aún no respondió ningún pedido de informe realizado por los legisladores.

La denuncia

La presentación reseña que, entre mayo y junio, las autoridades del Ejecutivo realizaron omisión de los procedimientos y modalidades establecidas por la Carta Orgánica Municipal para contrataciones por parte del estado municipal, cuyo principio rector es la licitación pública. En este sentido, Sánchez habría adjudicado compras en forma directa para la adquisición de distintos bienes y productos, y sin la debida autorización del Concejo Deliberante.

En caso de avanzar la denuncia, la condena puede ser aplicada de acuerdo al artículo 248 del Código Penal, la cual implica "prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo".