Con 29 votos a favor, la Legislatura de Neuquén aprobó la suspensión de la vicegobernadora Gloria Ruiz, tras un escándalo judicial por el presunto desvío millonario de fondos de la Legislatura que involucra a su hermano, Pablo Ruiz. 

La decisión fue tomada durante una sesión extraordinaria que contó con la presencia de 34 diputados y el escribano Fermín Romanos, convocado por el jefe de bloque de Comunidad, Ernesto Novoa.

Ruiz, quien presidió la sesión en su calidad de titular de la Cámara, inició el debate asegurando: «Quiero dejar constancia que voy a ejercer mi derecho constitucional a defenderme». 

En un intento por dilatar la votación, solicitó un cuarto intermedio de cinco días para que los diputados reflexionaran sobre sus decisiones, advirtiendo que «deberán hacerse cargo de las consecuencias una vez que pase todo esto». Sin embargo, el pedido fue rechazado, y Ruiz comparó el proceso con los «juicios sumarios de la dictadura».

PH Río Negro

Investigación judicial y denuncias políticas

La suspensión se produce en un contexto marcado por el avance de una causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos. La fiscalía de Delitos Económicos llevó a cabo allanamientos en Registros del Automotor en Plottier, en relación con la supuesta compra de una camioneta Toyota 0 kilómetro. Según la acusación, los fondos provendrían de desvíos gestionados por Pablo Ruiz, quien ocupaba el cargo de coordinador de Casa de las Leyes.

A nivel político, Ruiz denunció presiones en su contra tras quedarse sin el abogado Francisco Oneto, reconocido por su perfil libertario. «Si presionaron para bajar al abogado que contraté, imagínense cómo estarán presionados varios legisladores para cambiar su voto», afirmó en un comunicado, calificando la suspensión como un «atropello a la democracia».

Un proceso complejo y polarizado

La aprobación de la suspensión requería mayoría simple, es decir, al menos 18 votos, un número superado ampliamente con los 29 apoyos obtenidos. El único ausente en la sesión fue el legislador Ramón Fernández, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

La medida habilita la apertura de una comisión investigadora que analizará si corresponde avanzar hacia la destitución definitiva de Ruiz. Este proceso promete ser una de las mayores pruebas políticas para la Legislatura de Neuquén en los próximos meses, mientras la investigación judicial continúa avanzando.