El Presidente Alberto Fernández decidió usar la cadena nacional para instar a la justicia que investigue el viaje que habrían realizado jueces, fiscales, funcionarios del gobierno porteño y empresarios de medios a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido.

Además de las presentaciones en el Consejo de la Magistratura Nacional, instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse las acciones penales correspondientes para determinar si se cometió algún delito y además conocer quién financió el viaje en cuestión.

En los supuestos chats que se difundieron  habrían intentado armar una versión común sobre el viaje que hicieron en octubre de este año.  En ese lugar aparecen intervenciones que intentan armar una versión común sobre el viaje que hicieron a Bariloche y a la estancia del magnate inglés Joseph Lewis Lago Escondido en octubre de este año.

De este grupo de Telegram participan -según las publicaciones- Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto; el CEO de Clarín, Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; el consultor de medios Tomás Reinke; y el exSIDE Leonardo Bergroth.

El Diario Río Negro confirmó que está en trámite en la Fiscalía Federal de Bariloche, una causa iniciada por una denuncia de «violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias».

Fernández pidió que se investigue un viaje de jueces, funcionarios, fiscales y empresarios de medios a Lago Escondido

El mensaje completo del Presidente

Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.

Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.

Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.

Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.

Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.

Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.

Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.

No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12″ se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.

He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.

Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.

Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:

1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales.

3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación