En la noche de este viernes y luego de reunirse con diputados y senadores del oficialismo y de la oposición aliada, el presidente Javier Milei firmó el veto a la mejora en las jubilaciones que aprobó el Congreso de la Nación.

De acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, el veto del presidente se dio bajo la explicación de que sería un golpe a las cuentas fiscales del Gobierno, poniendo el superávit y el plan económico en riesgo. 

El decreto que estableció el veto será publicado en el Boletín Oficial entre la medianoche del domingo y el lunes próximo.

La rúbrica llegó luego de la reunión que el Presidente mantuvo en Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza y los miembros aliados de la Cámara baja, con quienes definió una hoja de ruta legislativa y un apoyo a la hora de votar para ratificar el veto presidencial.

Según la información de Infobae, en el decreto que confirma el veto se advierte que la iniciativa aprobada por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.

Y agrega que el Poder Legislativo debe “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.

Javier Milei junto a diputados y senadores oficialistas y aliados (Foto: Infobae)

Los argumentos para el veto ponen especial hincapié en la importancia de la “ley de leyes”. En ese sentido, se pone especial énfasis en que el Presupuesto fue diseñado en base a un “programa general de gobierno -que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente- y al plan de inversiones públicas”. 

Según lo que indicaron fuentes al tanto del trámite, se destaca que “el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado”.

Ante los ojos del Poder Ejecutivo, la medida no solo pondría en riesgo al plan económico del Gobierno y el Presupuesto 2025, sino que daría inicio a una nueva problemática que empeoraría cada año. 

En este sentido, advirtieron que habría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente de financiamiento.

Al mismo tiempo, apuntaron que la propuesta pondría en jaque al sistema de previsión social, el cual aseguraron que “ya ha comenzado una senda de recuperación” producto de la batería de políticas económicas impulsadas por la actual gestión. Asimismo, indicaron que este tipo de deficiencias técnicas y operativas complicarían su implementación.

Fuente: InfoBAE