Denuncian uso de fondos públicos para la campaña política
Cambiemos se presentó en el Tribunal Electoral denunciando que la cartelería de publicidad oficial es campaña encubierta. #Informate
Frente a la aparición de carteles en distintas ciudades de la provincia con el logo del Gobierno del Chubut con "fines claramente electoralistas", el bloque de Cambiemos a través de sus apoderados, Mariano Martínez y Daniel Laudonio, realizaron una presentación en el Tribunal Electoral.
El espacio sospecha del uso de fondos públicos para difundir la cartelería con un mensaje del gobierno, pero que disfraza la campaña del gobernador con miras a su reelección.
El diputado Manuel Pagliaroni confirmó a FM SOL que se radicó una denuncia y se espera un pronto tratamiento del tema en el tribunal electoral.
"De hace varios días en Comodoro, Trelew, Sarmiento y demás, venimos viendo carteles de vía pública de grandes dimensiones a la vera de las rutas, en donde se ve la figura del gobernador con un slogan que curiosamente es el mismo que utilizan para el gobierno que para su frente político. Y así muy chiquito el texto "Gobierno del Chubut". Entendemos que es una publicidad pagada por el estado pero que promociona la candidatura del actual gobernador, lo cual no solo está prohibido en el código electoral sino que podría incurrir un delito estipulado en el código penal, tal como malversación de fondos y utilización de fondos públicos para beneficios personales" precisó Pagliaroni.
A su vez, el bloque Cambiemos elevó un pedido de informes en la Legislatura para analizar las contrataciones de cartelería en vía pública: "Se busca saber la fecha de contrato; dependencia contratante; concepto del contrato, monto del mismo y forma de pago. A su vez, la identificación de la empresa o medio contratado, ubicación y dimensión de la cartelería, plazo y/o duración de la publicidad contratada".
Finalmente se pide "una copia del Sistema Registral de Publicidad Oficial y contratos de publicidad realizados desde el 1 de octubre del 2018 a la fecha. El Gobierno tiene cinco días para contestar la información requerida".