El proyecto será presentado en coautoría por Gustavo Menna (Chubut), Nadia Ricci y Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro); y Daniel Kroneberger (La Pampa).

En la iniciativa, que cuenta con sólidos argumentos jurídicos, se menciona que la Ley 24.714, que instituye el Régimen de Asignaciones Familiares "prevé la existencia de diferencias regionales basadas en los mayores costos que implica residir en determinadas zonas geográficas con motivo de la lejanía, las carencias logísticas o de infraestructura, los factores climáticos, la falta de acceso a determinados servicios básicos y, en general, todas las consecuencias devenidas del desigual desarrollo territorial con que se ha conformado la Argentina a lo largo de su historia".

Cabe recordar que el decreto 702/18, del Gobierno Nacional, reduce hasta en más del 50% el monto de las asignaciones familiares en la región patagónica, por efecto de la supresión de los mencionados montos diferenciales.

Según la Ley 24.714, las asignaciones familiares deben ser percibidas por los trabajadores que se desempeñan en relación de dependencia en el sector privado y en el empleo público; beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo; beneficiarios de prestaciones por desempleo; inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo); beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA); beneficiarios de asignaciones universales para protección social y veteranos de guerra del Atlántico Sur.

En este contexto, los legisladores nacionales radicales de la Patagonia hicieron mención en el proyecto al artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional reformada en 1994 que manda "proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones".

De esta manera, continúa el Proyecto de Resolución, "el régimen contemplaba la existencia de montos diferenciales para cuatro zonas: zona 1 para los beneficiarios de La Pampa, Río Negro y Neuquén y determinados departamentos de las provincias de Formosa, Mendoza y Salta; zona 2 para Chubut; zona 3 para determinados departamentos de Catamarca, Jujuy y Salta y zona 4 para Santa Cruz y Tierra del Fuego".

Sin embargo, se añade, "el decreto 702/2018 deja sin efecto esos diferenciales para los beneficiarios trabajadores activos a excepción de las asignaciones por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual para hijo con discapacidad y para los beneficiarios del SIPA con las mismas excepciones, con el fundamento de 'adoptar un criterio uniforme que otorgue mayor homogeneidad en los beneficios asignados a las distintas jurisdicciones'".

Imperativo legal

En este sentido, recordaron que "sin embargo, el artículo 19 de la ley 24.714, al facultar al Poder Ejecutivo a establecer la cuantía de las asignaciones familiares, sus topes y rangos remuneratorios, también dispone que se contemplen 'coeficientes zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo de la actividad económica, índices de costo de vida o de variación salarial y situación económica social de las distintas zonas', de lo que se deriva que la existencia de zonas diferenciadas constituye un imperativo legalmente impuesto y no disponible por vía reglamentaria".

De manera complementaria mencionan la doctrina judicial "sentada por la Corte Suprema que indica que las normas deben establecer soluciones diferenciadas allí donde existan situaciones desiguales (o, en sentido contrario, 'la ley debe ser igual para los iguales en igualdad de circunstancias'), ya que reconocer las mismas asignaciones a los habitantes de la periferia del país que a quienes viven en las zonas más desarrolladas se traduce en otorgar una remuneración real más baja a los primeros".

Por los antecedentes jurídicos y "por el impacto que la medida tiene en los beneficiaros de las asignaciones, que verán mermadas las mismas en el orden del 50% -y en algunas zonas incluso en mayor porcentaje-, solicitamos la revisión de la medida, reimplantando los montos diferenciales para las zonas existentes con anterioridad al dictado del decreto 702/18", concluye el proyecto