Un agente del Servicio Penitenciario Federal que se desempeñaba en la Unidad 6 de Rawson, fue detenido en las últimas horas, debido a la posible facilitación de teléfonos celulares y drogas a los presos.  El delito sería agravado por su condición de funcionario público.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de Rawson, a cargo del juez Gustavo Lleral ,y la Secretaría Penal del doctor Gustavo Latorre, a raíz de una investigación que se venía realizando por la Justicia Federal desde el año 2021.

Este jueves se allanaron las instalaciones del Instituto de Seguridad y Resocialización 6, y dos viviendas particulares situadas en el barrio 490 de la capital provincial. En una de estas, ubicada sobre la calle Santos Calvo al 400, vivía el agente penitenciario presuntamente involucrado.

Fuentes extraoficiales indicaron que los allanamientos fueron llevados adelante por efectivos de la Unidad Federal Puerto Madryn de la Policía Federal Argentina. En la vivienda de este agente penitenciario los empleados federales habrían incautado diferentes estupefacientes, además de balanzas de precisión, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás elementos indiciarios.

EL DETENIDO

El detenido, de unos 40 años de edad, ostentaba la jerarquía de ayudante mayor con prestación de labores en el SPF. Fue alojado en la sede de la Policía Federal en la calle Moreno y Pedro Martinez de Rawson. Quedó a disposición del Juzgado Federal para proseguir con las medidas judiciales en su contra.

En octubre de 2021, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) elaboró un informe en el cual reportó 19 casos de jefes narcos (entre los que estaban Miguel “Mameluco” Villalba y miembros de “Los Monos”) que usaban sus teléfonos móviles en instalaciones del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para seguir operando en la venta de drogas e instigar la comisión de otros delitos.

En el documento la Procunar advirtió “con gran preocupación” del avance de esa manifestación criminal y resaltó sus consecuencias; concretamente, según consignó, “serias amenazas contra la seguridad de la población en general, y de los operadores del sistema de administración de justicia, en particular”.

En esa línea, citó el incremento de las maniobras de tráfico, transporte y comercialización de estupefacientes e ilícitos vinculados (lavado de activos, homicidios, secuestros extorsivos o amenazas), planificadas o llevadas a cabo desde los establecimientos penitenciarios. Este documento indica que los elementos son ingresados en forma ilegal debido a la falta de controles, y en ciertos casos merced a la complicidad de los agentes federales.

A pesar del fuerte hermetismo existente, se supo que en la Unidad 6 se incautó, además, documentación relacionada al detenido.

Fuente: Jornada